El camino hacia la investidura de Salvador Illa como presidente de Cataluña ha traído consigo un doble acuerdo del PSC con los Comunes y con ERC que ha levantado algo más que sospechas sobre la constitucionalidad de buena parte de esos acuerdos firmados y, sobre todo, una dinámica imparable hacia la salida del Estado de Cataluña, lo cual significaría una independencia de facto. Y todo ese desastre sólo podrá ir adelante si cuenta con el apoyo de Sánchez, de su Gobierno y de una mayoría en las Cortes, aparte, claro está, del consentimiento de un Tribunal Constitucional cuya imparcialidad está en entredicho.
Illa, por su parte, aseguró que no son acuerdos contra nadie y que lo son a favor del conjunto de los catalanes para mejorar la financiación "sin perjudicar a y manteniendo criterios de solidaridad". También defendió que Cataluña tiene derecho a una financiación propia para hacer políticas de medio ambiente, vivienda, educación, sanidad o infraestructuras. "Quiero dejar constancia pública que nadie en esta negociación nos ha pedido prescindir del valor de la solidaridad. Los tres somos partidos de izquierdas y tenemos muy claro qué es eso". "Tenemos proyectos diferentes, pero compartimos los valores progresistas de la izquierda, en particular la solidaridad".
Las declaraciones de los portavoces de los partidos nacionalistas, con continuos desprecios a todo lo que no esté en el interior de su territorio y, por lo tanto, ajenas a todo lo que suponga un proyecto común para España, apuntan en sentido contrario.
En realidad, lo firmado está muy lejos de lo que han dicho Illa y Pedro Sánchez. De hecho, con este nuevo modelo que Illa y Sánchez consideran solidario la cuota de solidaridad tiende a cero.
El Gobierno ya vendió la amnistía como la norma que iba suponer un paso decisivo hacia la reconciliación dentro de Cataluña y, por lo tanto, la renuncia de los separatistas catalanes a sus objetivos, cosa que no se ha visto por ningún sitio. En palabras del catedrático de Derecho Constitucional Roberto L. Blanco Valdés esa ley de amnistía "atenta contra la seguridad jurídica y vulnera el ejercicio de la acción jurisdiccional. En nuestro país sólo hay una forma prevista en la Constitución para intervenir en el ejercicio de una potestad que corresponde exclusivamente a los jueces, el indulto. Invadir la acción jurisdiccional, secuestrarla, viola los principios básicos de la Constitución".
El mismo profesor diagnostica lo siguiente: » En España hay hoy una voluntad mayor que nunca por parte del partido del Gobierno para apoderarse de todos los resortes de control. La voracidad de los partidos no la ha inventado este Gobierno, pero, en este caso, se ha producido un salto adelante en ese control que hace mucho daño al sistema.
No es ninguna exageración afirmar que con Sánchez, España vive el momento más grave de su historia reciente. Y debemos llamar a la unidad de todos los ciudadanos constitucionalistas para formar un bloque sólido frente a estos desmanes. Y también frente a la locura indecente de sus socios separatistas. Somos mayoría los españoles que queremos seguir siéndolo porque España es la «patria común e indivisible de todos los españoles», según dice la Constitución. Precisamente esa que intentan destruir los separatistas y sus amigos sanchistas.
