Latrocinio. Con esta palabra tan rotunda como indicativa calificaba quien fuera vicepresidente socialista del Gobierno y número dos del PSOE, Alfonso Guerra, el acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Esquerra Republicana (ERC) para investir a Salvador Illa a cambio de la independencia fiscal de Cataluña, paso previo al referéndum de autodeterminación.
Latrocinio. Palabra que el diccionario de la Real Academia defina como "acción propia de un ladrón o de quien defrauda a alguien gravemente". Y Alfonso Guerra, hombre de tan amplia cultura como probada honestidad política y sentido del Estado, nunca utiliza una palabra en vano si no con plena consciencia y en la plenitud de su significado.
Un latrocinio este el del concierto económico - que incluye también una Agencia Tributaria de Cataluña que recaude en un futuro todos los impuestos estatales comenzando en 2026 con el IRPF- que no sólo rompe el principio constitucional de igualdad entre los españoles y la solidaridad entre todos los territorios de España, sino que se basa en una gran mentira: la infrafinanciación de Cataluña. El propio Ministerio de Hacienda reconoce en su último informe de Liquidación de la Financiación Autonómica que las únicas comunidades infra financiadas son Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, mientras que Cataluña está por encima de la media. Concretamente un 0,9% superior.
Recordar aquí Madrid, Cataluña y Baleares son los tres únicas comunidades aportadoras netas al sistema de solidaridad fiscal, algo que se explica porque tienen las mayores rentas per cápita de España. Pero mientras Madrid aporta 6.313 millones de euros al sistema, el 25% de sus ingresos fiscales, Cataluña sólo contribuye con 2.168, y Baleares con 334, cifras que suponen únicamente el 7% de su recaudación impositiva.
Suprimir del sistema de la parte correspondiente a Cataluña implicaría una importante deterioro de la sanidad, educación y de todos los servicios sociales en el resto de Comunidades, con el agravante añadido de que el acuerdo no incluye la transferencia a Cataluña de la Seguridad Social, que es claramente deficitaria, por lo que los ciudadanos del resto de los españoles no sólo seremos más pobres y soportaremos más impuestos sino que tendremos que pagar las pensiones de los catalanes. Es decir que con este acuerdo Pedro Sánchez, se transforma en el antagonista del mítico Robin Hood, para robar a los pobres y dárselo a los ricos.
De hecho, La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea, ha avanzado ya que el concierto catalán obligará a Hacienda a aumentar la recaudación por IRPF casi un 30%, mientras que el trasvase a las arcas catalanas sería de 13.000 millones de euros más anuales, que no servirían para bajar los impuestos a los catalanes sino que sus gobernantes dispondrían de más dinero para embajadas, propaganda, exclusión de España y lo español y otras veleidades de sus onanismos independentistas.
Acuerdo que, además, ambos firmantes saben que difícilmente se va a poder cumplir, porque nuestra Carta Magna sólo reconoce dos conciertos excepcionales, los del País Vasco y Navarra y la incorporación de Cataluña a este privilegio obligaría a una reforma constitucional que exige el voto afirmativo de al menos tres quintos de las dos Cámaras parlamentarias, inalcanzable sin el acuerdo con el Partido Popular que ni está por la labor, ni se le espera. Eso, además de una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que también debería ser refrendada por la mayoría absoluta del Congreso y el Senado.
Sostiene la teoría política que sin Hacienda no hay Estado y con este acuerdo desaparece Hacienda de Cataluña y con Hacienda también el Estado. Con un, Salvador Illa presidente de un gobierno nacionalista y títere de los independentistas, investido por obra y gracia de un acto de corrupción política, y con un Pedro Sánchez y su gobierno escondidos y cómplices de la segregación, del desgobierno y del acoso y derribo a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho.