El Impuesto de Patrimonio experimenta una constante regresión, desde los años 70 del pasado siglo, en todas las economías desarrolladas. Como resultado, desapareció de la práctica totalidad de los integrantes de la OCDE, con la única excepción de un minúsculo grupo de países.
España se empecina durante décadas en mantenerse en ese club, junto a Colombia y solo otras dos economías europeas ambas ajenas a la UE: Noruega y Suiza.
No obstante, existe un aspecto aún más grave que la contumacia de nuestro país –en especial de algunos de sus Gobiernos autonómicos– por mantener el castigo tributario a la mera posesión de riqueza. Se trata de la severidad con la que la Hacienda española se esfuerza todavía por gravar el patrimonio que poseen los contribuyentes que el Fisco engloba en la categoría de ricos. Es en nuestro país donde se aplica un tipo del 3,5%, que se sitúa a gran distancia del 1% propio de Colombia, país este último que además prevé un mínimo exento mayor que el español. En caso noruego y suizo, la brecha es todavía más amplia, ya que sus gravámenes quedan en el 0,85% y en el 0,5% como máximo respectivamente. Y el Gobierno parece sentirse cómodo en esta situación de total excepcionalidad, a escala global, en la que España se sitúa.
Basta recordar que el PSOE hace años que hizo suyo el discurso de ERC en favor de acabar con las bonificaciones al 100% de los impuestos sobre la riqueza que ya aplican varias autonomías. Es más, el acuerdo entre el PSC y Esquerra para permitir la investidura de Salvador Illa es claro a la hora de exigir el mantenimiento de Patrimonio, junto a Sucesiones. Se perpetúa así un tributo que, en el caso español, no solo es anacrónico sino también desproporcionado.