La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) alerta de que las administraciones públicas están incrementando su gasto a un ritmo significativamente mayor del recomendado por Bruselas y del permitido por la regla de gasto, fijado en el 2,6%.
Esta última es un instrumento de disciplina presupuestaria que busca garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. De manera que, en un horizonte de medio plazo, el crecimiento de los desembolsos de las administraciones venga limitado por la capacidad de financiarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo. De ahí que la aplicación de esta regla impida que el gasto público crezca por encima de la estimación de impulso del PIB a medio plazo, situado en el ya citado 2,6%.
Pese a ello, la AIReF estima que el impulso de los desembolsos de la Administración Central será del 4,8% en 2024. En cuanto a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, el alza será del 6,7% y el 7,3%, respectivamente. Vaya por delante que este notable incumplimiento de la regla de gasto no impedirá a España bajar el déficit al 3%, tal y como el Gobierno se ha comprometido con Bruselas. Ahora bien, el ajuste de 10.700 millones que pide la AIReF para cumplir con este instrumento permitiría a nuestro país reducir el desequilibrio público al 2,3%.
En otros palabras, la contención del gasto que la propia AIReF pide al Gobierno, en un momento en el que existe margen más que suficiente por la recaudación récord y el crecimiento económico, dejaría a nuestro país en una situación de mayor sostenibilidad de cara al futuro. Esto no solo permitiría a España afrontar los periodos de recesión con mayores garantías sino que también lanzaría un adecuado mensaje de estabilidad a los mercados.
