Han pasado muchas cosas en la economía desde 2019. Pero, sobre todo, una pandemia nos ha pasado por encima. Después de superar el Covid, nos hemos enfrentado a una crisis energética, derivada, en buena medida, de la invasión rusa de Ucrania, y de toda la desestabilización geopolítica posterior. En términos económicos, la principal diferencia respecto al periodo de recuperación económica 2014-2019 es la inflación. Esto no sólo ha ocurrido en España y en Europa, sino que ha sido un fenómeno global. Pero, en España cuando se compara con el periodo anterior se hace con el periodo con menores tasas de inflación de nuestra historia. Nos habíamos olvidado de la inflación como problema, y también pensábamos que los tipos de interés cercanos a cero eran prácticamente para siempre.
La inflación y los tipos de interés son dos diferencias, más bien negativas, importantes. Sin embargo, hay otras magnitudes que han ido mejor. Por ejemplo, hay más empleo, más ocupación y menos desempleo. Es una buena noticia, pero señalaba la OCDE en un reciente informe, esto tiene unos cuantos matices. Por supuesto, el principal "pero" que se le puede poner a los datos de empleo es que seguimos siendo el país de la OCDE con más tasa de desempleo, lo que, efectivamente es un problema estructural de la economía española, probablemente el más grave.
Pero, además, los trabajadores españoles han (o hemos) perdido, de media, un 2,6% de poder adquisitivo desde 2019, según la OCDE, aunque ese porcentaje es "realmente" muy superior. Eso sí, el Salario Mínimo Interprofesional se ha incrementado en este periodo un 26%, pero el aumento del poder adquisitivo, tras la erosión de la inflación, se ha quedado en un 6,5%. Aquí, en principio, sí que hay un ligero aumento real del poder adquisitivo porque con este nivel salarial se siguen pagar IRPF. Si no se hubiesen adaptado varios parámetros del impuesto, en la mayoría de los casos, el 43% del aumento de las retribuciones hubiese ido al IRPF. Esto hubiese supuesto que el aumento nominal se hubiese quedado por debajo del 15%, muy por debajo de la inflación acumulada de este periodo. Los demás trabajadores, los que ganan sueldos superiores a 22.000 euros anuales, que en muchos casos no son precisamente ricos, han visto como una parte del aumento nominal de sus salarios se ha ido al pago del impuesto sobre la renta, con lo que la pérdida del poder adquisitivo ha sido superior a este 2,6%.
¿Esto quiere decir que el Estado se ha "enriquecido" a costa de los contribuyentes? Pues, en el caso del IRPF, sí, aunque no en los demás impuestos. En esta cuestión, la de la inflación conviene tener una visión global. Es cierto, como señalaba Keynes, que la inflación también es un impuesto, y por supuesto, dentro de ciertos niveles, la inflación puede contribuir a recuperar un mínimo de estabilidad fiscal. Salimos de la pandemia, como prácticamente el mundo entero, con niveles mucho más elevados de deuda pública, puesto que hubo que cerrar buena parte de la economía, se derrumbó la recaudación fiscal, y, además, y especialmente en esas condiciones, las políticas de mantenimiento de rentas son muy caras.
Para hacer frente a todo esto, los bancos centrales inyectaron masivamente liquidez en la economía y el BCE fijó un objetivo de inflación del 2%, y no un máximo del 2% como hasta entonces. No sólo nuestra inflación ha sido más elevada en estos años, sino que seguirá siéndolo en el futuro. El efecto fundamental de alivio para las arcas públicas no tiene lugar en los impuestos, sino en la deuda pública, que se ve reducida en términos reales. Esto ocurre con la deuda ya emitida, pero la nueva hay que emitirla a tipos de interés más elevados. Además, con la inflación se recauda más, pero los gastos también aumentan con la inflación. Esto quiere decir, que, a corto plazo, el Estado sale ganando con la inflación, siempre que no se descontrole, pero a medio y a largo plazo, los deberes de consolidación fiscal, ajustar las cuentas públicas, siguen pendientes.
Recientemente, en un documento técnico, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) señalaba que más de la mitad de la mejora de la recaudación fiscal correspondía a la inflación. Esta conclusión es cierta, pero eso no significa, necesariamente, que el Estado se "enriquezca" a costa de los contribuyentes. Eso ocurre en el IRPF con lo que se denomina "progresividad en frío", es decir, el aumento del tipo efectivo en el IRPF con la misma o menor capacidad económica. Ese efecto, lo cuantificaba hace unos meses en elEconomista.es en una cifra entre 10.959 y 12.644 millones de euros, que es similar al cálculo que realizó el Banco de España en un reciente estudio.
A este efecto, habría que añadir que no se esté corrigiendo la inflación en la tributación de las ganancias de patrimonio ni en el IRPF ni en el impuesto de sociedades. Esto último, no sólo es una subida de impuestos, sino que en ocasiones supone tributar por ganancias puramente nominales como si fuesen reales. Aunque para el Tribunal Constitucional esto no es contrario al principio de capacidad económica, si consultan para prácticamente cualquier economista (incluyéndome a mí), esto resulta muy complicado de compartir. Además, esto genera graves distorsiones e ineficiencias económicas, y por supuesto, fomenta los pagos parcialmente no declarados.
Pero, más allá de esto, que la recaudación del IVA, por ejemplo, aumente porque aumentan los precios, no supone más que los ingresos por IVA se mantengan en términos reales. Aquí, ha habido rebajas del impuesto, pero la recaudación se ha mantenido, pese a que el consumo de los españoles tampoco ha aumentado. Aquí hay dos factores significativos, uno es el aumento del turismo, que no sólo permite mantener un superávit en el saldo de la balanza por cuenta corriente, sino que también aumenta los ingresos por IVA e impuestos especiales. Además, con gran probabilidad se ha producido un afloramiento de economía sumergida y una reducción del fraude fiscal, en buena medida derivada del incremento de pagos con tarjeta. Esto podría haber incrementado los ingresos por IVA en unos 6.000 millones de euros anuales según un estudio que hice hace unos meses para EsadeEcPol.
Pero, todo esto no es inflación. Aquí sí hay una mejora recaudatoria real, pero no hay un empobrecimiento de los contribuyentes españoles. En el caso del turismo, el aumento de la recaudación por impuestos indirectos se deriva del incremento del precio de los servicios turísticos en el mundo entero, que es uno de los efectos estructurales, imprevistos, de la pandemia. En el caso de la reducción del fraude, evidentemente los contribuyentes honestos que antes declaraban correctamente no se ven afectados.
En términos generales, los trabajadores han perdido poder adquisitivo y capacidad económica, y esto se ha acentuado por no haber deflactado el IRPF, es decir adaptarlo a la inflación. Los pensionistas han mantenido su poder adquisitivo, antes de impuestos. Pero, buena parte de ellos también ha soportado un aumento del tipo efectivo de su IRPF sin que su renta antes de impuestos, en términos reales, haya aumentado. Por otra parte, las rentas del capital han crecido por encima de la inflación. Esto se explica en el caso del capital mobiliario por el aumento de los tipos de interés. En el caso del capital inmobiliario, los alquileres también han crecido muy por encima de la inflación por diversas causas de las que hablaremos en otra ocasión. Ambos grupos son claramente los beneficiados por el proceso inflacionario. El Estado ha reducido, en términos de PIB, tanto la deuda como el déficit, pero ambos siguen excesivamente elevados. Todo esto podría ser más justo, y también más eficiente para la economía, pero es lo que hay, y debería ser el punto de partida para acometer las reformas pendientes.