Las constructoras han incrementado las reclamaciones a Adif en los tribunales en los primeros meses de 2024. Un aumento que se constata en las provisiones que el propio gestor ferroviario realiza para cubrir estas contingencias, que aumentan un 8,1% hasta 709,6 millones.
Este tipo de actuaciones judiciales son un recurso habitual de las empresas en las obras públicas ante la negativa a revisar los precios pese a la existencia de sobrecostes. De hecho, esta razón es la que ha llevado a las constructoras a elevar el número de reclamaciones a Adif. Algo lógico habida cuenta de que la conflictividad surge en contratos adjudicados entre 2020 y 2023, cuando los precios de los materiales de construcción, de la energía y los combustibles se desbocaron.