En la pasada legislatura, el Gobierno aprobó iniciativas para obstaculizar y encarecer los despidos. De hecho, Yolanda Díaz prácticamente prohibió las extinciones de contratos por causas asociadas al Covid o a la guerra de Ucrania.
Estas iniciativas fueron vapuleadas por el Supremo y no sirvieron para reducir los despidos. Pese a ello, la vicepresidenta quiere reformar la Ley de Industria para impedir que empresas con beneficios puedan hacer un ERE. Aprobar esta medida sería una barbaridad, ya que impediría a las empresas prescindir de departamentos que generan pérdidas o adaptar las plantillas a los cambios de perfiles profesionales a los que la tecnología obliga. Pero Díaz prefiere obviar esta realidad y seguir impulsando medidas populistas propias del pasado siglo.