La reducción de la jornada laboral que propugna la ministra Díaz, especialmente si se mantiene en los términos que el Ministerio ha presentado a los agentes sociales, causa una comprensible alarma entre los expertos.
Las extrapolaciones de mayor rigor alertan de que una reducción por ley tan drástica de las horas efectivamente trabajadas sería capaz de sustraer 2,6 puntos al crecimiento promedio del PIB español, en los próximos cinco años.
Más probable todavía resulta el pronóstico de que la jornada de 37,5 horas elimine 700.000 empleos en ese periodo de tiempo, el equivalente a más de un tercio de la creación de puestos de trabajo que el Ministerio de Economía augura para el medio plazo. Sin duda, toda predicción que se sujete a un horizonte temporal de semejante amplitud se antoja arriesgada, en un contexto tan volátil como el que la economía global presenta.
Ahora bien, resulta difícil minimizar los daños potenciales sobre el mercado laboral de una medida como la que Díaz quiere impulsar a todo trance. La obligación que se impondrá a las empresas de reducir su tiempo de trabajo, pagando los mismos sueldos, congelará su capacidad de contratación, al tiempo que las obligará a subir precios y perder competitividad.
Pero, sobre todo, debe tenerse en cuenta que en España cuentan con un gran peso sectores como la agricultura, los servicios o la construcción en los que la propia naturaleza de su actividad hace inviable la reducción por decreto del tiempo de trabajo, si no acompaña de medidas paliativas como elevar el límite permitido de horas extraordinarias. El futuro del mercado laboral está en jaque, ya en el corto-medio plazo, por las políticas extremistas que Díaz pretende imponer.