Trabajo rechaza la petición de la patronal de empresarios y mantiene el tope de las horas extraordinarias en 80 horas anuales en la propuesta que Yolanda Díaz, ha enviado este viernes a los agentes sociales y al que ha tenido acceso elEconomista.es. La CEOE había pintado esta, como su principal línea roja para seguir en la mesa tripartita que la vicepresidenta segunda ha convocado el próximo lunes, y a la que le seguirá una cada semana en busca de un acuerdo. "No dan nada de flexibilidad, ni horas extra, ni distribución irregular", afirman fuentes empresariales.
El documento si hace concesiones a los sindicatos. Plantea una mejora proporcional del sueldo de los trabajadores a tiempo parcial si mantienen el mismo número de horas, y detalla que el mecanismo de registro horario será digital para evitar malas prácticas, Deberá garantizarse la objetividad, la fiabilidad y la accesibilidad del registro de jornada. Otro punto que ha provocado malestar entre los empresarios que consideran que la vía elegida "será poco rigurosa". Además, denuncian que las empresas pequeñas, con menor capacidad de adaptación a la norma, se exponen más a las sanciones del ministerio de Trabajo. La propuesta decreta que tanto los trabajadores, como sus representantes legales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrán acceder al registro en el centro de trabajo y en cualquier momento de forma inmediata. Además, deberá ser accesible de forma remota.
En este punto, el texto mantiene el sistema que el ministerio ya había propuesto en reuniones anteriores. Plantea endurecer las multas por el incumplimiento de la jornada, mediante la imposición de sanciones por cada trabajador, en lugar por empresa. La medida ya fue rechazada por Cepyme -que junto con CEOE- ha formado parte de la mesa bilateral con los sindicatos, que terminó de naufragar el pasado lunes por la falta de avances. Los empresarios consideran demasiado estricto el mecanismo.
Los de Díaz desechan -también- otra de las peticiones de la patronal, que pidió retrasar la implementación de la norma a 2026. Trabajo establece un calendario estricto y determina que la jornada bajará de 40 a 38,5 horas desde la "entrada en vigor de esta ley y hasta el día 31 de diciembre de 2024", desde el primer día de 2025 -decreta el borrador- la jornada máxima de trabajo pasará a 37,5 horas semanales.
Aunque el gran revés para los de Garamendi, es el rechazo a la compensación de la reducción de la jornada a través de un incremento del límite legal de las horas extraordinarias. Algo, que ya dejó entrever el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, el pasado lunes. "Tiene muchas dificultades buscar elementos de compensación que pasen por incrementar las horas extraordinarias, que como es conocido es una lacra", dijo tras en encuentro que mantuvo en la mesa del diálogo social al inicio de esta semana. Tan solo UGT valoró la posibilidad de elevar el tope de las horas extra, aunque incrementado la retribución por trabajarlas.
El documento de intenciones enviado por Trabajo de cara a la reunión del próximo lunes dificulta la posibilidad de un acuerdo con los empresarios. De hecho, la vicepresidenta segunda y el líder de la patronal han protagonizado un constante cruce de acusaciones durante los últimos días. "Si ellos tienen muy claro cuál es la ley que quieren hacer, que la hagan y no estaremos de acuerdo. Y el día que haya un cambio de Gobierno, pediremos que se cambie", dijo Garamendi un día después de la última reunión. La respuesta de Díaz no se hizo esperar. Acusó al presidente de la CEOE de "inmiscuirse directamente en la acción pública del Gobierno" y "casi auspiciar" la caída del Ejecutivo para que vuelva a gobernar el PP de Alberto Núñez Feijóo.
