Matar al mensajero es una frase metafórica que se refiere al acto de culpar a una persona que trae malas noticias en vez del autor de las mismas. Una práctica muy acostumbrada en casi todas las actividades humanas pero especialmente habitual y grave en la política. La tentación del poder de silenciar las voces críticas o contrarias a su gestión es un clásico de la pulsación totalitaria de muchos gobernantes, incluso en democracias. Y en estos momentos, aquí y ahora estamos asistiendo a una especie de reedición de la caza de brujas de McCarthy. Ese período de historia colectiva en el que muchos ciudadanos inocentes sufrieron persecución por simples sospechas y que constituye uno de los períodos más negros de la historia de los Estados Unidos en el Siglo XX.
Expresiones como "galaxia digital ultraderechista", o "constelación de cabeceras ultraconservadoras" que figuraban en la carta de falsa dimisión del propio presidente del Gobierno Insultos como "jauría" en boca del ministro Bolaños, que lo es de Justicia y Presidencia. Desafueros como el del titular de Transportes, Oscar Puente, gastando 62.085 euros púbicos para vigilar y apuntar a los periodistas que le critican. Amenazas y señalamientos públicos a medios de comunicación y a periodistas con nombres y apellidos que sufren o han sufrido o sufren el acoso del gobierno y de sus acólitos y seguidores. El despotismo de las ruedas de prensa sin preguntas son síntomas más que evidentes de que en España el derecho constitucional a la libertad de prensa y de expresión y a recibir una información libre y veraz, están en serio peligro de extinción.
Muestras a las que se añade ahora la amenaza de ese paquete de medidas sobre una supuesta "regeneración democrática" anunciado por Sánchez para actuar sobre las informaciones injiriendo en la liberad de los medios que no le rinden pleitesía y su financiación, que no es más que una nueva ley mordaza para los medios de comunicación los y profesionales independientes.
En cualquier democracia donde rige la separación de poderes y se respeta el Estado de Derecho, los bulos o las falsedades se explican y se desmienten por los afectados y se dirimen en los tribunales de justicia y sólo en las dictaduras y en los populismos se amenaza, se silencia o se reprime, porque no son los gobiernos quienes tienen que señalar lo que es o no es verdad, sino la justicia. Y en el caso que nos ocupa en este país las informaciones y las investigaciones sobre la presunta corrupción de la esposa del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez, sobre su hermano, sobre el "caso Koldo" o "caso PSOE, no han sido desmentidas ni explicadas.
Pero con ser todo esto grave, lo más preocupante para la sociedad en general y en especial para el futuro de la profesión es ver como personas que se autodenominan periodistas anteponen la ideología a la verdad y a la libertad, acusando y descalificando a compañeros y pidiendo, incluso, la intervención de los medios de comunicación que defienden a libertad y la independencia frente al servilismo.
Recordar que el código deontológico del periodismo tiene como dogma fundamental el respeto a la verdad y en base a este principio un periodista militante estaría inhabilitado para ejercer la profesión. Y junto a esta actitudes personales que denigran a la profesión, alarma el silencio vergonzante o cómplice de las asociaciones encargadas de defender el periodismo, a los periodistas y de velar por la deontología profesional. Ni la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la APM o el resto de organizaciones y colegios profesionales han reaccionado en tiempo, forma y con la contundencia que requiere a los ataques, amenazas y a los abusos de poder. Sólo la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, en un acto que le honra, ha levando la voz en defensa de los profesionales.
Y esto no es fango ni responde a estrategias de difamación, sino un alegato en defensa del periodismo independiente y del respeto al trabajo y a la integridad de los profesionales y la constatación de una realidad, de una amenaza, al sistema de libertades, a la Constitución y a la sociedad entera porque SIN PRENSA LIBRE NO HAY DEMOCRACIA. Que lo entiendan.
