La estabilidad del sistema institucional basado en la Constitución de 1978 ha sido un factor determinante, tanto para el proceso de modernización y desarrollo mostrado por nuestro país desde el último cuarto del siglo XX, como para la superación de los numerosos e importantes retos que ha supuesto la concurrencia, en algo más de una década, de tres grandes crisis de alcance internacional y, en sus inicios, de impactos en gran parte desconocidos.
Para encontrar un ciclo de tan alta concentración de escenarios de máximo estrés sistémico y perspectivas sombrías, con efectos superpuestos que se han retroalimentado entre sí, tenemos que remontarnos al periodo que media entre el comienzo de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión de 1929.
El asentamiento de una economía social de mercado y la consolidación de un estado democrático y de derecho, al que la monarquía parlamentaria ha prestado un servicio fundamental, han constituido una pieza clave en la estrategia de crecimiento a largo plazo de la economía española.
La evidencia empírica se ha encargado de constatar las importantes consecuencias del diseño y los esquemas de funcionamiento de las instituciones sobre el desarrollo económico, su sostenibilidad y la equidad en la distribución de las mejoras de los niveles de bienestar. El entramado institucional representa la base sobre la que actúan las familias y empresas, y articulan la toma de decisiones, al mismo tiempo que condiciona el modo en el que se interrelacionan las variables determinantes del álgebra del crecimiento económico.
Para que estas operen en el sentido adecuado y muestren su mejor desempeño de manera persistente en el tiempo, resulta necesario que los agentes económicos confíen en las instituciones, cuyas actuaciones deben regirse escrupulosamente, entre otros, por los criterios de rigurosidad, transparencia y búsqueda de la excelencia y la calidad.
En esta dirección de fortalecimiento y renovación de las instituciones es de justicia destacar la encomiable labor que vienen desarrollando el Rey Felipe VI, como Jefe de Estado, de cuya proclamación pronto se celebrará el décimo aniversario. A lo largo de estos años, se ha enfrentado a momentos complejos y ha hecho frente, con responsabilidad y visión de futuro, a importantes desafíos de nuevo cuño. Su inquebrantable vocación de servicio y su talante integrador y de concordia suponen un valioso aval para la continuidad de la unidad y la permanencia del Estado, la revitalización del espíritu constitucional y el desarrollo de las funciones de la Corona conforme a las necesidades y exigencias que marcan los tiempos actuales, en defensa del interés general.