Opinión

La consolidación de la normativa ESG

  • Muchas empresas van a tener que hacer grandes cambios para ser sostenibles 

El ritmo normativo a nivel europeo no cesa, con aprobaciones y publicaciones en los últimos meses de iniciativas relevantes, como la Directiva de empoderamiento de los consumidores o la batería de temas que nos dejó la última sesión del Parlamento. Se trata de regulaciones con diferentes formas jurídicas, que en muchos casos deben desarrollarse y trasponerse por las autoridades nacionales, mientras aún hay temas pendientes por cerrar en 2024, lo que parece será el año de la consolidación normativa en materia de sostenibilidad para las empresas en España.

Tras la publicación en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea) de las normas europeas de información sobre sostenibilidad, el siguiente paso natural no es otro que llevar al Congreso de los Diputados en España el Anteproyecto de Ley para transponer la Directiva CSRD (Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad o Corporate Sustainability Reporting Directive), con el fin de que los informes anuales correspondientes a 2024 puedan planificarse bien y elaborarse con la mayor calidad posible de cara a su publicación en 2025. No hay que olvidar que, con la entrada en vigor de este nuevo marco de reporte sobre información no financiera, el espectro de empresas que deberán reportar y que hasta ahora no lo hacían aumentará exponencialmente, sobre todo a partir de 2025 (aplicado a los informes de 2026). Visite el portal especializado elEconomista ESG.

Hasta entonces las empresas, más o menos habituadas a un reporte exhaustivo de su actividad no financiera, deberán prepararse para este momento adecuando sus procedimientos de gestión de la información y análisis del impacto de su actividad. Un reto que no es menor, sobre todo para aquellas organizaciones menos habituadas a este tipo de dinámicas.

Recordemos que uno de los pilares de la puesta en marcha de este nuevo marco de reporte es el de equiparar la información no financiera a la relativa a la marcha del negocio y financiera, ofreciendo así no sólo una imagen más completa y real de la evolución del negocio desde diferentes perspectivas clave, sino aportando la información suficiente como para entender el enfoque corporativo y el impacto derivado de la actividad de la compañía en aspectos medioambientales, sociales y de buen gobierno.

Ojalá el proceso sea rápido y lo suficientemente transparente como para poder anticipar los muchos cambios que las empresas habrán de asumir: gestión de una gran cantidad de información que dé respuesta a los indicadores de la normativa, análisis de doble materialidad que fije de forma racional los KPIs a reportar, adecuación a otras normativas y regulaciones… nuevos procesos, nuevos requerimientos y nuevos recursos a destinar a esta cuestión.

Tampoco se ha aprobado todavía el Real Decreto que debe desarrollar el artículo 32.5 de la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, respecto a la inclusión en el Estado de Información no Financiera de información sobre la estimación del impacto financiero de los riesgos asociados al cambio climático, para entidades financieras, sociedades cotizadas y otras sociedades de gran tamaño. A pesar de ello, el informe es exigible desde 2023 para las organizaciones concernidas.

Las referencias al contenido de este informe están basadas en el marco del TCFD (Task force on climate related financial disclosures), estándar más utilizado para el reporte de riesgos climáticos a escala internacional. El proyecto del citado Real Decreto introduce precisiones a los requisitos generales, pero no se aleja de dicho marco. Por lo tanto, todas las empresas que ya estén elaborando un informe de riesgos climáticos conforme a TCFD (la inmensa mayoría del IBEX 35 a día de hoy) no tendrán que introducir muchas novedades aunque sí adaptar y revisar su enfoque.

TCFD utiliza en su informe de estatus de 2023 datos de 616 compañías europeas de gran tamaño que reportan según su metodología, de las que 23 son españolas. El grado de alineamiento con las recomendaciones - la cantidad de recomendaciones que se siguen - del TCFD es muy alto en todas ellas, dadas las obligaciones de reporte existentes tanto en la UE como el Reino Unido o en países del Espacio Económico Europeo. En general, aspectos de reporte obligatorio, o casi obligatorio, como los objetivos en materia de emisiones o la medición de las mismas, aparecen en la mayoría de las compañías analizadas, mientras que otros de difícil evaluación lo hacen en menos casos, como es el caso de la resiliencia de las compañías en función de diferentes escenarios de negocio.

En cuanto a las prácticas que adoptan los diferentes sectores económicos, se observa cómo sectores que tradicionalmente han considerado el cambio climático entre sus temas materiales reportan con un grado muy alto de alineamiento. Es el caso de ámbitos industriales como el sector energético o la construcción. Otros, menos concernidos hasta ahora por estas cuestiones, apenas cubren los mínimos, como sucede con la tecnología y los medios de comunicación, ambas actividades de servicios.

Teniendo en cuenta que en España el sector servicios representa más de dos tercios del PIB, es probable que muchas de nuestras empresas no hayan incluido hasta ahora, de manera voluntaria, informes de riesgo climático en sus cuentas anuales, una dinámica que cambiará a futuro debido a la incorporación de las mencionadas normativas al respecto.

A pesar de la falta de concreción y de aprobación final en muchas de las cuestiones mencionadas en relación a nuevos requisitos de reporte para las compañías españolas, es seguro que muchas de ellas ya se han adelantado y están trabajando en informes que no solo dan cumplimiento a la Ley 7/2021, sino que les van a ayudar a perfilar sus estrategias y a tranquilizar a sus financiadores, accionistas e inversores.

Estamos, pues, ante un escenario de constantes cambios, nuevas exigencias y requerimientos en materia normativa que suponen un auténtico punto de inflexión para muchas compañías poco habituadas a niveles tan altos de transparencia y parámetros tan evolucionados de exposición de sus modelos de gestión (no sólo financiera y de negocio).

En este contexto, es fundamental que sector privado y administración vayan de la mano y se generen espacios de discusión como el ESG Summit Europe que se celebrará en Madrid de nuevo en octubre, para que la avalancha normativa en la que vivimos los últimos tiempos en materia de ESG no se convierta en un torrente que lo arrastre todo. En plena emergencia climática, la estabilidad del marco regulatorio es condición necesaria para reducir la incertidumbre y abordar con éxito el mayor reto que hayamos tenido nunca como sociedad.

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