El auge de los pisos turísticos genera fuertes tensiones con los residentes en muchas ciudades. Pero además, se trata de un modelo en el que muchos propietarios incumplen la normativa y alquilan sus viviendas sin tener licencia.
Tanto es así que en Madrid sólo el 7,4% de las 13.500 viviendas de uso turístico operan con los papeles en regla. Para frenar esta vía de crecimiento de la economía sumergida, los municipios y las comunidades autónomas han elevado la presión regulatoria con sanciones que alcanzan los 400.000 euros en casos muy graves. Pero hasta el momento la normativa es dispersa, lo que limita su impacto. Urge así una actuación más coordinada de todas las administraciones. Solo así se logrará poner coto al uso fraudulento de los pisos turísticos.
