Las personas que reciben algún tipo de prestación o nómina del Estado a cierre de 2023 superó los 16,3 millones, lo que supone sólo 1,4 millones menos del número de trabajadores por cuenta propia y asalariados ocupados en España.
Aunque la cifra supone un descenso respecto al récord de 2020, cuando el esquema de ayudas por la pandemia elevó la diferencia a favor de los perceptores hasta en 1,4 millones, sigue suponiendo un claro riesgo estructural para las arcas del Estado. Y es que este nivel mastodóntico de facturas entre nóminas, pensiones y prestaciones por desempleo superó en pasado ejercicio los 348.000 millones.
Una cifra que limitará en gran medida que España cumpla las reglas fiscales decretadas por Bruselas, que obligan a los Estados miembro a acometer un ajuste presupuestario suficiente para rebajar el déficit estructural al 1,5% en 2032. Dicho desequilibrio hace referencia a la parte del déficit fiscal que no está relacionado con las fluctuaciones económicas ni factores coyunturales y, por ello, resulta más difícil de reducir sin realizar ajustes.
Pero los datos ya muestran un escenario muy preocupante a día de hoy, y es que confirman hasta qué punto el crecimiento de la economía y el empleo del que presume el Gobierno no es tal: se sostiene sobre un sector público sobredimensionado que maquilla la difícil situación que atraviesan las empresas y los autónomos. Una de las pruebas más claras está en el hecho de que España acumula ya un descenso de la productividad del 3,8% en los últimos cinco años, el mayor de todos los países europeos.
Las debilidades de nuestra economía se agravan por una política que deriva los recursos al sector público, pese a ser el menos productivo y, por ello, el que más impulso resta al crecimiento económico.
