La Generalitat de Cataluña deberá convocar en 2024 más de 34.000 plazas de funcionarios para alcanzar el objetivo de temporalidad del 8% en la función pública.
Solo así cumplirá la normativa aprobada por el Gobierno en 2021 y evitará sanciones. Es cierto que todas las autonomías presentan retrasos y que el propio Ejecutivo central ha limitado las tasas de reposición. Pero también es verdad que el hecho de que el Govern deba afrontar ahora deprisa y corriendo la mayor convocatoria de empleo público de su historia refleja su desidia en este aspecto. Una dejadez que también mostró a la hora de adelantarse con medidas al golpe de la sequía en la región y que evidencia que el foco de la pasada legislatura siguió centrado en el procés y no en realizar una buena gestión.
