Las reglas fiscales decretadas por Bruselas obligan a los países a acometer un ajuste presupuestario suficiente para rebajar el déficit estructural al 1,5% del PIB en 2032
Dicho desequilibrio de las cuentas públicas hace referencia a la parte del déficit fiscal que no está relacionado con las fluctuaciones económicas ni factores coyunturales como la recesión o el auge económico. Es decir, se trata de la diferencia entre los ingresos y los gastos fundamentales y permanentes que aborda un país, y que, por tanto, exige ajustes en ambas variables o en una de ellas. En 2028, el déficit estructural se situó a solo siete décimas de la cota que marca la UE, pero los años de las crisis provocadas por la pandemia y la inflación lo han elevado hasta el 3,7% actual, debido al notable impulso del gasto en dicho periodo. Un alza de los desembolsos que urge reducir ahora si se pretende lograr un saldo estructural del 1,5% en ocho años. Sin duda, el plazo es más que razonable. El problema es que el Ejecutivo carece aún de hoja de ruta para ajustar el déficit.
Ello pese a que Bruselas ya exige planes a medio y largo plazo al respecto. Será en septiembre cuando el Gobierno envíe a la UE su estrategia fiscal para los próximos años. Un texto que aún está en elaboración, pero en el que no se contempla un ajuste de gasto pese a que las crisis generadas por el Covid y los precios son ya cosa del pasado. Todo apunta, por tanto, a que Moncloa buscará revertir el desequilibrio público con nuevas subidas de impuestos que incluirá en los Presupuestos de 2025. Un nuevo incremento en la presión fiscal, ya en máximos, que seguirá asfixiando a empresas y hogares y lastrará la actividad económica, el consumo y las inversiones.
