La futura ley de demandas colectivas planteada por el Gobierno en su redacción actual impone un sistema similar al vigente actualmente en EEUU. Dicha fórmula indica que todos los afectados quedan vinculados por defecto a un único proceso con solo su presentación.
En Europa, en cambio, este tipo de conflictos que atañen a numerosas personas se rige de una manera diferente. En concreto, cada ciudadano escoge de manera voluntaria si se adhiere o no a las diferentes demandas que se presenten o, incluso, puede litigar de forma autónoma.
El método americano ha dado lugar a una industria de litigación. Algo lógico habida cuenta de que los principales beneficiarios de las demandas colectivas son los fondos y los bufetes que se dedican a estos procesos. En concreto, hasta el 57% de los costes e indemnizaciones los cobraron los abogados, financiadores y otros expertos. Mientras que solo el 21% acabó llegando a los consumidores. Por si fuera poco, el modelo estadounidense exige a las empresas provisionar todo el riesgo sin esperar al fallo.
Ello sin contar el daño reputacional que suponen estos procesos, que han afectado a compañías españolas en EEUU, como Grifols. La fórmula americana sobre la que se basa el Ejecutivo para la próxima normativa de demandas colectivas generado importantes riesgos para las empresas y no ofrece garantías sobre la adecuada defensa de los consumidores.
Es por ello necesario que como las empresas piden a través de CEOE se enmiende la normativa durante su tramitación parlamentaria. Con ese fin optar por el modelo que rige mayoritariamente en Europa y en el que no se vincula por defecto a todos los afectados en una única demanda evitará problemas en el futuro.
