Al calor de las movilizaciones del Primero de Mayo, los sindicatos convirtieron en el núcleo de sus reivindicaciones, para satisfacción de la vicepresidenta Yolanda Díaz, la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales.
Las centrales parecieron olvidar así momentáneamente las exigencias que, en coincidencia con CEOE y Cepyme, plantearon a Trabajo en las primeras reuniones en las que el Ministerio les presentó su proyecto de reducir el tiempo de trabajo, sin rebaja salarial proporcional. Sindicatos y patronales incidieron en dos puntos: el recorte de jornada debía ser flexible según las actividades y los convenios colectivos a los que afectara. Y, en segundo lugar, el paso previo para la toma de decisiones debía ser la publicación, por parte del Gobierno, de un cálculo exhaustivo de las horas efectivamente trabajadas por sectores.
Meses después, nada se ha avanzado en estos dos aspectos, sobre todo en lo que concierne al segundo. Es fácil deducir la causa, ya que la publicación de los datos en nada favorece al plan del Gobierno. Muy al contrario, la jornada laboral efectiva en promedio alcanzó, durante el pasado trimestre, un mínimo de 35 horas semanales. El absentismo y el auge del trabajo a tiempo parcial están haciendo estragos en el mercado laboral y en variables ya muy deterioradas como la productividad.
La dura realidad del mercado laboral se resumen en que, si bien es cierto que hay más asalariados trabajando que nunca antes, también es verdad que están ocupados menos horas que nunca. La opacidad del Gobierno oculta esta situación con la única intención de sacar adelante una iniciativa cuya motivación real es obtener réditos electorales.
