Madrid
Las buenas previsiones a corto plazo del informe económico de primavera de la OCDE sobre España no deben eclipsar las apreciaciones más negativas, para un horizonte temporal de mayor amplitud, que el el club de los países desarrollados hace sobre nuestro país.
Sin duda, constituye una buena noticia la revisión al alza de las expectativas sobre el PIB, de modo que sitúa su avance en el 1,8% este año y en el 2% el siguiente, registros en ambos casos prácticamente sin parangón entre los grandes del euro. En lo que a la inflación respecta, España también destaca positivamente con un IPC que desde el 3% de 2024 bajará al 2,3% en 2025. Ambas cifras contrastan con el promedio superior al 3% atribuido al conjunto de las economías más avanzadas, aunque con mucha disparidad según el país considerado. Con todo, dichas fortalezas conviven con facetas claramente negativas como el estancamiento de la deuda pública en el 105% del PIB todavía en 2025. Es más, la OCDE ve al sistema de pensiones en situación tan delicada que no duda en aconsejar una inyección urgente de recursos, mediante subidas de impuestos indirectos ya que el Gobierno define otra hoja de ruta para equilibrar las cuentas públicas. Y aún más significativo es el hecho de que la institución vea también en entredicho el potencial español de crecimiento por factores de tanto calado como la reducción de la capacidad inversora y el ya crónico problema de la baja productividad en el mercado laboral. La OCDE suma así su voz a los llamamientos ya emitidos por la AIReF o el Banco de España sobre la necesidad de abordar con urgencia dos debilidades que, por su carácter estructural, comprometen el futuro económico de nuestro país.
