La inclusión energética hace referencia al acceso universal a servicios energéticos asequibles, seguros y limpios, que contribuyan al bienestar de las personas y al cuidado del medio ambiente.
Según la ONU, si bien el acceso a la electricidad ha avanzado notablemente en los últimos años, 675 millones de personas en el mundo siguen sin conexión eléctrica y 2.300 millones aún dependen de combustibles peligrosos y contaminantes para cocinar y calentarse, lo que genera graves problemas de salud y contaminación.
Desde el punto de vista medioambiental, el mundo continúa avanzando hacia objetivos energéticos sostenibles, pero no lo suficientemente rápido. Aunque, según datos de la ONU, las energías renovables representan casi el 30% del consumo en el sector de la electricidad a escala global, aún existen importantes desafíos especialmente en sectores como la calefacción y el transporte. Asimismo, cabe destacar que una gran parte del consumo energético mundial se produce por el desperdicio o por el mal aprovechamiento de la energía. Por ello, resulta imprescindible que la transición a la utilización de energías renovables venga acompañada de una estrategia que garantice que esa nueva producción energética sea eficiente y no se malgaste.
La inclusión energética, un derecho humano básico y una condición necesaria para el desarrollo sostenible, está además recogida en los Objetivos De Desarrollo Sostenible (Objetivo 7 - garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna). Se trata, por tanto, de un objetivo que requiere de nuestro esfuerzo e inversión.
Precisamente, una de las principales barreras a las que se enfrenta la transición energética es el alto coste derivado de implementar proyectos de eficiencia energética o energía renovable, especialmente teniendo en cuenta que los flujos financieros para transitar a energías limpias siguen siendo insuficientes a pesar de contar con una gran demanda.
En este contexto, las comunidades energéticas locales se han hecho un hueco como alternativa para obtener beneficios medioambientales, económicos y sociales, tanto para el municipio como para sus habitantes, mediante la creación de proyectos de auto consumo energético. Impulsados por líneas de financiación específicas para proyectos que generan un impacto social positivo, este tipo de proyectos se han ido extendiendo poco a poco en nuestro país, facilitando que tanto los habitantes de los municipios cómo los pequeños negocios puedan disfrutar de energía de origen verde.
La localidad guipuzcoana de Zumárraga cuenta con una comunidad energética local, la primera que se desarrolló en el País Vasco, que pudo llevarse a cabo gracias a una línea específica de financiación para este tipo de proyectos y el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones. El proyecto es hoy un ejemplo destacado de colaboración público-privada cuya clave del éxito ha sido que favorece la transición energética y que, a su vez, genera impacto social. Gracias a la cesión por parte de la Administración de cubiertas en espacios públicos para instalar placas solares se produce energía sostenible de proximidad en el municipio. Así, al mismo tiempo que se genera energía limpia, vecinos y comercios se benefician de importantes ahorros en la factura de la luz mediante la compra mancomunada de energía compartida entre todos. En definitiva, gracias a la creación de una comunidad energética local se genera energía sostenible de kilómetro cero para el municipio, haciendo posible un modelo energético más limpio, cercano y barato, en beneficio de todo el municipio.
Ante el gran desafío que plantea la transición energética, el rol de las entidades financieras debe ser facilitar que nadie se quede atrás en este proceso. Al financiar proyectos con un fuerte compromiso medioambiental, también se promueven prácticas empresariales responsables, generando beneficios directos para las comunidades en transición y fortaleciendo la conexión entre el progreso económico y la sostenibilidad ambiental. Así pues, la inversión en proyectos de eficiencia energética y energía renovable pueden redundar en beneficios económicos, sociales y ambientales para las comunidades que los implementan, como el ahorro de dinero, la mejora de la salud, la creación de empleo, la reducción de emisiones o la protección de los recursos naturales. En definitiva, no solo generan un impacto positivo en el medio ambiente, sino que también destacan por su impacto social.
