La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no tiene ninguna intención de cumplir su compromiso de publicar las cifras de las personas con contratos fijos discontinuos inactivos inscritos en las oficinas de empleo. De hecho, pretende ahora trasladar esta obligación de transparencia a las comunidades autónomas, gobernadas en su mayoría por el PP.
Díaz sabe muy bien que regiones como Baleares, donde hay más de estos indefinidos sin trabajo que parados, eran hasta hace menos de un año feudos del PSOE con el apoyo de Podemos. Eso no le impide hacer electoralismo con su obligación de informar con claridad de las cifras que no solo distorsionan el verdadero peso del desempleo, sino la precariedad del mercado laboral tras su reforma.
