La CNMC acumula un importante retraso en la aprobación de la retribución a la distribución eléctrica. En concreto, el organismo aún no ha dado el visto bueno a dicho pago desde el año 2020. Competencia justifica esta demora por los distintos recursos en el ámbito contencioso administrativo en los últimos años de las empresas. Pero sea por el motivo que sea, la única realidad es que más de 22.000 millones de retribución para las grandes energéticas del país están en el aire.
Por si fuera poco, la CNMC no será quien resuelva esta situación, ya que dicha competencia pasará a la futura Comisión Nacional de la Energía, que será la encargada de revisar la nueva retribución de las redes sin haber cerrado aún la liquidación del periodo anteriormente citado. El problema es que el nuevo regulador no estará preparado hasta dentro de unos meses, lo que generará nuevos retrasos que seguirán elevando el malestar del sector. Por si fuera poco, esta elevada carga de trabajo la asumirá un organismo que nace solo por intereses políticos. De hecho, el troceamiento de la CNMC para desgajar las competencias en materia energética en la nueva CNE responde solo al compromiso alcanzado entre el PSOE y Sumar para la investidura de Sánchez.
Se trata por tanto de un organismo que no era necesario, pero que Yolanda Díaz reclamó para tener una mayor vigilancia de las compañías energéticas. El espíritu sancionador de la nueva CNE despierta recelos en el sector tras el impuestazo. Además, genera aún más dudas al respecto de la aprobación de una retribución que las empresas necesitan para seguir invirtiendo en nuestro país e impulsar una transición que ahora tiene otro elemento de riesgo por la innecesaria recuperación de este organismo.