La mayoría de las comunidades autónomas prosiguen con su política de rebajas impositivas, que ahora se están centrando en el IRPF y en Sucesiones y Donaciones. Así, en las once autonomías regidas ahora por el PP se han anunciado recortes en el Impuesto sobre la Renta y en siete de ellas también reducirán la carga que supone el pago del tributo que grava la mera transmisión de riqueza.
Con estas últimas medidas, son ya 12 las autonomías en las que Sucesiones y Donaciones está bonificado prácticamente en su totalidad. Esta batalla de los barones regionales, tanto del PP como de otros partidos como el PSOE (Extremadura) o el PNV por bajar tributos es llamativa, ya que difiere de la política fiscal que persigue el Gobierno central. Lo demuestran las maniobras de la vicepresidenta Yolanda Díaz para tumbar las rebajas en Sucesiones al pedir al PSOE como condición para respaldar los Presupuestos de 2024 la unificación de este tributo. Ello pese a que nuestro país es el segundo que más grava la riqueza de la OCDE, según Tax Foundation. Si Díaz logra su objetivo, eliminaría la legítima capacidad de las CCAA de competir fiscalmente para atraer rentas altas y empresas. Con todo, lo más grave es que la mayor penalización de la transmisión de riqueza por la que aboga el Ejecutivo no solo va en dirección contraria de la UE, sino que también lastraría la capacidad de los ciudadanos de consumir, lo que perjudica a la economía. Además, la bonificación de estos impuestos facilita el relevo generacional en empresas y familias y la generación de riqueza. Sería un grave error que desde el Gobierno se grave de nuevo sucesiones y donaciones como se hizo con las grandes fortunas.
