La negativa de PP en el Senado a los objetivos de estabilidad deja los Presupuestos de 2024 en el aire. Esta situación arriesga medidas sociales y subsidios comprometidos por el Gobierno que requieren de nuevas cuentas públicas para su aplicación, como el aumento del permiso de paternidad o la inversión en vivienda pública.
También echa por tierra el ajuste de déficit previsto de las comunidades autónomas y las entidades locales. Una circunstancia que la vicepresidenta María Jesús Montero aprovechó para presionar al PP con esta clara amenaza: "Quienes voten en contra lo que están planteando sencillamente es menos margen de gasto para los servicios públicos de esas administraciones territoriales". Con esta frase, Montero dejó claro que la respuesta del Gobierno al voto contrario del PP será endurecer el ajuste de las CCAA. En concreto, se pasará de imponer una rebaja de hasta el 0,1% a las regiones, según estableció en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de diciembre, a reactivar las medidas trasladadas a Bruselas en el Plan de Estabilidad de la pasada primavera, que implican un ajuste más severo hasta el déficit cero. Vaya por delante que expertos fiscalistas ponen en duda este cambio, indicando que, sin objetivos de déficit aprobados, el Estado no puede exigir un ajuste vinculante a las CCAA ni a los Ayuntamientos. Pero tal circunstancia no parece importar a un Ejecutivo que opta por el chantaje inaceptable a las autonomías (la mayoría gobernadas por el PP). En vez de amenazar a las regiones, el Gobierno debería sentarse a negociar con los populares, que piden medidas sensatas, como ajuste del gasto y bajadas de algunos impuestos (IRPF e IVA), a cambio de apoyar los objetivos de estabilidad para este ejercicio.
