Un informe del Tribunal de Cuentas desvela que cuatro de cada diez ayuntamientos no han presentado sus cuentas del año 2022 dentro de plazo. Además, todavía un 10% de los consistorios no han entregado los informes anuales de los últimos tres años, siendo la documentación de 2019 la última presentada. Lejos de lo que se pueda pensar, estos incumplimientos no ocurren en mayor porcentaje en los consistorios más pequeños, donde hay menos personal. Así lo indica el hecho de que 38 de los 83 ayuntamientos de más de 50.000 habitantes no hubieran rendido cuentas a finales de octubre del pasado año. Una flagrante falta de transparencia que también tiene lugar en el caso de los contratos públicos y los convenios. Así lo indica el Tribunal señalando que 57 ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, seis diputaciones provinciales, 13 comarcas y otras 13 agrupaciones de municipios aún no hayan remitido información alguna en cuanto a los contratos correspondientes al ejercicio 2022.
Misma situación se da con los convenios con un total de 70 ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes que tampoco han remitido información al respecto. Los datos dejan patente que el Tribunal desconoce la situación real de buena parte de las entidades locales así como de los compromisos económicos asumidos Un claro ejercicio de opacidad de estos organismos que urge erradicar. Pero no solo porque contravenga la legislación actual. Igual de importante es el hecho de evitar que algunos de estos consistorios creen redes clientelares de empresas y administraciones afines. Algo que va en contra de la libre competencia y que es negativo para la propia prestación de los servicios a la ciudadanía.
