Cuando de política climática y energética se trata, la Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica es experta valedora de ese viejo refrán "consejos vendo que para mi no tengo", y recorre sin pudor esa ruta de ida y vuelta que va desde lo que se dice fuera, hasta lo que se hace dentro, sin importar como de antagónicas sean su dialéctica y la realidad. Y es que el rutilante papel que busca el gobierno de España en la COP28, -presidencia de la UE mediante- le hace no cejar en el empeño de buscar titulares y golpes de efectos mediáticos. Dubái queda lejos, por eso, para asegurarse que a España nos lleguen titulares efectistas hay que elevar el tono, dar elasticidad hiperbólica a lo que se dice y forjar un perfil que, solo con enfrentarlo a la realidad de los datos, se cae solo.
De la posición de España y Teresa Ribera en la COP28 tenemos dos titulares amplificados. El primero es la reacción de Teresa Ribera a la carta del Secretario General de la OPEP, que pedía, rechazar cualquier acuerdo que postule el abandono del petróleo, replicando Ribera que "… es bastante nauseabundo lo que están haciendo los países de la OPEP, presionando para retrasar las cosas" para continuar añadiendo "… tenemos que reducir para abandonar esas fuentes de energía contaminantes". Y el segundo, en referencia al primer borrador de conclusiones de esta COP, asegurando que "hay muchos elementos que son simplemente inaceptables".
Al margen de calificativos grandilocuentes, la necesidad de reducir para ir abandonando los combustibles fósiles es una posición que compartimos; que estamos inmersos y comprometidos en un proceso de descarbonización de la economía necesario para combatir el cambio climático es algo incuestionable. Pero esta posición defendida por el gobierno de España se cae por si sola cuando, lejos de la COP 28, analizamos con la rotundidad de los datos y constatamos cuál ha sido la política energética del Gobierno para darnos cuenta que no es lo mismo predicar que dar trigo. Y a los datos, asesinos implacables del relato, nos tenemos que remitir.
Efectos
La política energética del Gobierno durante la crisis provocada por la guerra de Rusia en Ucrania, ha servido para que en 2022 se alcanzaran cinco tristes hitos relativos al consumo de combustibles fósiles; primero, aumentar el consumo de petróleo un 13,2%; segundo, multiplicar la producción eléctrica con ciclos combinados aumentando el consumo de gas en un 56%, mientras se destruía la cogeneración industrial, más eficiente; tercero, hacer de Rusia nuestro tercer proveedor de gas natural del mundo, mientras resto de la UE le reduce sus pedidos; cuarto, incrementar el consumo de carbón un 61,8% para producción de electricidad; quinto, elevar las emisiones de gases de efecto invernadero un 3,1%. Y, todo ello, disparando todos los indicadores de pobreza energética.
Y es que las políticas erradas tienen consecuencias. Detrás de todo esto, está la Excepción Ibérica, que el propio Gobierno en respuesta parlamentaria reconocía que no serviría para reducir el consumo de gas, sino que más bien incentivaría su uso; está la más que deficiente política de movilidad sostenible, con una penetración de vehículo eléctrico muy alejada de los ya exiguos objetivos para 2023; está el fracaso en el despliegue eficiente de todas las energías renovables con un vergonzoso 5% de adjudicación en las dos últimas subastas de energías renovables o la más que cuestionable política de fomento de una burbuja de autoconsumo, que ha servido para subvencionar prioritariamente el autoconsumo a las rentas más altas de nuestro país, es decir a los ricos, mientras todos pagamos el coste de los servicios de ajuste, que suponen ya el 10% del precio final de mercado, por las mayores congestiones.
Estos datos, consecuencia clara de la política energética gubernamental tienen que llevar a una reflexión profunda, nada complaciente, de por qué se está haciendo mal, tan mal la transición energética, que no aguanta el más mínimo ejercicio de comprobación objetiva de los resultados que se pueden cuantificar.
Política energética
Y este reconocimiento debe ser el punto de partida para una nueva política energética, que tiene que ser decisiva en esta legislatura que comienza. Debemos poner de forma implacable al Gobierno frente al espejo de su propia incoherencia. Hemos vivido una legislatura donde la excepcionalidad ha sido el justificante para todo, con el gobierno aislado en su propia soberbia del relato impostado, no solo ignorando las propuestas de la oposición sino despreciando la elocuencia de los datos.
La política energética, tiene que estar sustentada en pactos, en altura de miras y en la búsqueda de objetivos comunes de corto, medio y largo plazo.
Esos objetivos han de pasar irrenunciablemente por el fomento del autoabastecimiento energético con emisiones netas cero, como el almacenamiento, que permita una mayor y mejor penetración renovable; por el despliegue de redes de transporte y distribución para atender la generación distribuida y llevar energía limpia y barata a los grandes centros industriales de consumo; por el desarrollo del biogás, biocombustibles y ecocombustibles, donde España tiene un potencial de desarrollo para convertirse en líder europeo; por impulsar el desarrollo industrial y minero necesario para la reindustrialización de nuestro país, utilizando el mejor elemento de competitividad que tenemos frente a nuestros socios europeos como es una energía renovable más abundante y barata que en el resto de Europa; por volver a la centralidad de la política energética en Europa que nos aleje de las excepcionalidades; por consensuar una política energética que luche contra la pobreza energética de forma definitiva y que nos dé precios de la energía estables y baratos.
Industrias y familias
Tenemos que capitanear la reforma del mercado eléctrico, que garantice el suministro, que reduzca las emisiones y que nos proporcione precios competitivos de la energía; de la COP28 también sabemos que España estará a la vanguardia de la eliminación de los subsidios a combustibles fósiles pero lo que no debemos permitir es que la Ministra de Transición Ecológica sacrifique los intereses de agricultores, pescadores, transportistas o industria, que actualmente tienen bonificaciones en el uso profesional de combustibles por una posición vanguardista en el exterior sin que dentro se haya hecho nada definitivo para la transición de estos sectores estratégicos en España.
En definitiva, una enmienda a la totalidad a la política del Gobierno en estos años, pues la retórica no reduce las emisiones ni abarata la energía; la excepcionalidad sale cara a los españoles mientras subvencionamos a terceros países; la unilateralidad nos lleva por el camino directo del aumento de riesgo para inversores y a la incertidumbre regulatoria para un sector tan estratégico y necesario para las familias y la industria. España necesita una política energética que se ocupe y preocupe más por mejorar las condiciones de ciudadanos, familias y empresas y menos por fabricar titulares que enmascaren la realidad y sus propias responsabilidades.
