El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar promete "desarrollar las reglas de representatividad empresarial para dotar de mayor presencia a las pymes y a los autónomos en el ámbito del diálogo social". Detrás de estas bonitas palabras se esconde la maniobra de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez de reforzar a las asociaciones de empresarios y emprendedores que considera proclives a apoyar sus iniciativas y, de paso, reducir el peso de las más críticas. En otras palabras, el Ejecutivo pretende con este movimiento sentar en la mesa del diálogo social a patronales minoritarias pero más cercanas como Conpymes y Uatae y diluir las posiciones contrarios a sus medidas que normalmente muestran las mayoritarias CEOE, Cepyme y ATA.
Algo lógico habida cuenta de que iniciativas como las repetidas subidas del Salario Mínimo en la pasada legislatura elevan los costes laborales y, en consecuencia, reducen la competitividad de empresas y autónomos. Pese a ello, la vicepresidenta promete ahondar en la misma dirección, con más alzas del SMI, endurecimiento del despido y reducción de la jornada laboral, hasta las 37,5 horas semanales. Unas medidas que de nuevo se encontrarán con el rechazo de CEOE y Cepyme. De ahí el interés de Díaz por reducir la representatividad de estas organizaciones dando entrada a otras más cercanas a su ideología. Con ello, el Gobierno podrá presentar en Bruselas un apoyo mayor al real a sus medidas. Aunque para ello haga saltar por los aires el actual equilibrio del diálogo social a cambio de asegurarse el control sobre los colectivos que engloban a la gran mayoría del tejido productivo español. Se trata, en definitiva, de otra muestra más de la deriva intervencionista de este nuevo Gobierno de coalición.
