El acuerdo entre el PSOE y ERC para que los republicanos apoyen la investidura de Sánchez conlleva que el Ejecutivo asuma parte de la deuda de Cataluña al condonar el 20% de la liquidez que obtuvo el Govern a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
En concreto, se trata de 15.000 millones más intereses. Una cantidad que podría elevarse hasta 34.500 millones si recorta en igual medida la deuda que el resto de autonomías mantiene con el FLA. Pero más allá del golpe que supone para las arcas del Estado, la medida también implica un claro trato de favor a Cataluña. Así lo estiman también los presidentes regionales del PP, que amenazan con ir a los tribunales. Una lógica respuesta a una quita que constituye un claro agravio comparativo con autonomías como Galicia, cuya deuda es de solo 2.759 millones. Pero más aún con Madrid, al ser esta la única CCAA que tiene una deuda cero con el Estado. Ello ha sido posible gracias a la buena labor de los distintos gobiernos regionales de Madrid, que impusieron una política de contención presupuestaria. Esto ha permitido a la autonomía financiarse por sus propios medios, sin necesidad de acogerse al mecanismo lanzado en 2012 para nutrir a las autonomías de la liquidez que el Estado liberaba. Una situación que contrasta con la de Cataluña, donde la gestión manirrota de los diferentes Governs ha hecho que esta comunidad presente en la actualidad la mayor deuda con el FLA, con casi 72.000 millones. La quita, por tanto, supone recompensar la mala labor de Cataluña y discrimina a los que sí hicieron los deberes con la deuda en el pasado. Un inaceptable castigo a la buena gestión llevada a cabo por el Gobierno madrileño y un injusto golpe político a su presidenta Isabel Díaz Ayuso.
