Un informe del Tribunal de Cuentas desvela que las entidades locales ocultaron en 2021 contratos por valor de 2.400 millones. Ello pese a que los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y los consejos insulares están obligar a presentar toda la información sobre dichas adjudicaciones al propio Tribunal o, en su defecto, a los Órganos de Control Externo de las comunidades autónomas (OCEX).
Un incumplimiento que provoca que los organismos fiscalizadores desconozcan todo sobre casi la mitad de los contratos de este tipo de administraciones. Algo similar ocurre con los convenios administrativos, que son los acuerdos que estas entidades firman con otros organismos públicos o con el sector privado para temas concretos, donde solo el 39% de las entidades aportó al Tribunal de Cuentas toda la información necesaria.
En cifras, esto supone que compromisos económicos asumidos por las administraciones locales por 2.378 millones permanecen ocultos para el Tribunal. Un claro ejercicio de opacidad en las entidades locales, que se ve corroborado ante el hecho de que un total de 3.612 ayuntamientos aún no han presentado las cuentas anuales de alguno o varios ejercicios comprendidos entre 2019 y 2021. Entre ellos se incluyen los consistorios de seis municipios de más de 50.000 habitantes.
Una flagrante falta de transparencia en la gestión del dinero público que urge erradicar. Pero no solo porque contravenga la legislación actual. Igual de importante es el hecho de evitar que algunos de estos organismos creen redes clientelares de empresas y administraciones afines, que van en contra de la libre competencia y que son negativas para la propia prestación de los servicios a la ciudadanía.
