Decepcionó la apertura del año judicial. Decepcionó el presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Marín, y decepcionó el poder judicial en su conjunto. Ni una sola mención a la amnistía para los golpistas catalanes que negocian Sánchez y el gobierno, y ni una sola crítica a un proyecto de exculpación que convierte a los delincuentes en víctimas, a los jueces en represores y que traiciona la democracia, el estado de derecho y el imperio de la ley.
La dimisión de la expresidenta del Congreso Meritxell Batet vetada por los separatistas, confirma que el acuerdo sobre una amnistía singular para Puigdemont y los implicados en el Procés, burlando la legislación vigente, está cerrado. Y como reza el título de la película de Jonathan Demme, en la España de Sánchez los responsables de las instituciones democráticas y de la sociedad civil permanecen en silencio y sin moverse mientras las negociones contra natura para conseguir una investidura que negaron las urnas llevan al régimen de libertades derivado de la Constitución del 78 directamente al matadero. Ni una buena palabra, ni una buena acción.
Como sorprende también el silencio de los agentes económicos y de sus organizaciones. ¿Qué piensan y qué hacen la banca, las multinacionales, las Cámaras de Comercio o lo sindicatos independientes? Y, sobre todo ¿qué piensa y que hace la CEOE? Sólo pasividad y silencio mientras España encadena tres meses perdiendo empresas y el número de quiebras desde que gobierna Pedro Sánchez es el mayor desde la crisis financiera del año 2008. Cuando la mortalidad de los autónomos avanza en progresión geométrica y sólo en el mes de agosto se han perdido 10.945 afiliados al RETA que se traduce en un media de 353 autónomos menos cada día. Cuando la productividad ha vuelto a tasas negativas al caer un 1,1% en el segundo trimestre, cuando la contratación lleva en caída libre desde principios de este año y la cifra de contratos firmados en los ocho primeros meses es inferior en 2.328.172 contratos, un 18,61% menos, a la de enero-agosto del año pasado, y cuando el Banco de España y Standard&Poor's denuncian la infrautilización de los fondos europeos con los que no se han realizado ni el 10% de las inversiones prometidas en el Plan de Recuperación.
Y con la CEOE, ¿qué hacen y qué piensan las organizaciones sectoriales y territoriales de la patronal, especialmente los empresarios vascos y catalanes, cuando las inversiones se paralizan o se están marchando directamente a otros países ante la incertidumbre política y una inseguridad jurídica creciente que se derivan de los posibles pactos de un presidente del Gobierno en funciones rehén de los extremistas, como titulaba el pasado jueves The Washington Post, y que ha convertido a las empresas en el chivo expiatorio de los errores del Ejecutivo.
Los que si hablan, ahora, y se rasgan las vestiduras son los socialistas históricos con Felipe González a la cabeza, y con ellos el presidente castellanomanchego, Emiliano García Page- Hablan, sí; pero no se mueven. Como tampoco lo hacen los miembros de un grupo socialista dónde no parece haber ni un solo diputado que se atreva a votar en conciencia y negarse a consumar una traición a España, a sus comunidades, y a ser cómplice de la "infamia", como ha calificado Alfonso Guerra los pactos con golpistas, fugados de la justicia y los herederos de los terroristas.
Como tampoco se mueven, aparentemente, desde el Partido Popular, donde se suceden y repiten las condenas y denuncias contra Sánchez por negociar con "la dignidad de España" -palabras de Feijóo- pero siguen si una estrategia definida para combatirla, y sin saber, al menos aparentemente, utilizar su victoria electoral y su inmenso poder territorial para frenarla. Ni una mala palabra, ni una buena acción.
Como reza la frase que se atribuye a el filósofo y médico inglés, John Locke, considerado como el padre del liberalismo clásico; "no sé que es peor, si un gobierno desastroso o un pueblo que lo consiente".
