La economía china se tambalea por la crisis inmobiliaria y la Occidental se desacelera con Powell y Lagarde pendientes de otra subida de tipos de interés este otoño, mientras en España entramos en otoño sin Gobierno y con la perspectiva de tener uno fragmentado, con un débil margen de maniobra para sacar las leyes adelante.
La estampa no es muy halagüeña para lo que queda de año. Casi agotado el tirón veraniego del turismo, la economía española se sumirá en un letargo ante la falta de alicientes para crecer al ritmo que lo hizo en el primer semestre. Sobre todo, teniendo en cuenta que las tensiones inflacionistas siguen muy presentes, tanto en salarios como en alimentos y la llegada del invierno incrementará los costes energéticos, principalmente del gas. Esto es lo que hay.
Lo peor es que cualquier atisbo de reforma para lograr que la economía despegue se puede descartar en los próximos años con un gobierno superfrankenstein, que deberá pagar un duro peaje a los partidos nacionalistas y de izquierdas por cada cosa que quiera sacar adelante.
Feijóo eludió a Ortúzar, no quiere ser presidente a cualquier precio para ganar apoyos
El Gobierno de Sánchez, con el apoyo de nacionalistas a la izquierda y a la derecha del arco parlamentario, será una realidad en las próximas semanas. Feijóo tuvo una pequeña posibilidad este verano de sentarse a negociar cara a cara con el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, pero la despreció no se sabe bien porqué. Probablemente porque no está dispuesto a cumplir con sus exigencias. Él aseguró en una entrevista en El Mundo que los nacionalistas vascos dieron su apoyo a la presidencia de Armengol sin dar tiempo al diálogo. Pero lo cierto es que el PP mareó la perdiz con intermediarios.
Feijóo se dispone a sacrificar la presidencia del Gobierno en el presente para garantizarse un mayor apoyo en el futuro. Aunque el futuro siempre es incierto y cambiante, lo lógico es que se produzca un castigo a Sánchez por los pactos con los nacionalistas, así como a Vox, que favorezca la ansiada mayoría absoluta de los populares.
El problema del PP se llama Vox. Feijóo hizo un amago de distanciamiento al negarle su apoyo para obtener representación en la Mesa del Congreso. Pero el gesto resulta insuficiente para los de Sabin Etxea. Feijóo no está dispuesto a pagar ese precio, comprometerse a no pactar los grandes asuntos con Vox, porque considera que sería como hipotecar su futuro y quedar en manos de los nacionalismos con los que Sánchez tendrá que pactar.
Por eso el lehendakari Iñaki Urkullu despachó las gestiones para la investidura con una simple llamada telefónica. Aún hoy, el líder del PP no se ha sentado con Ortúzar.
Núñez Feijóo se siente, sin embargo, obligado a intentar la investidura para remarcar su victoria y su interés legítimo por entrar en La Moncloa, aunque no a cualquier precio. Puede que sea hacer "el paripé", como dijo la ministra portavoz en funciones, Isabel Rodríguez. Pero las condiciones que esta semana presentó Feijóo a Sánchez rememoran los Pactos de La Moncloa y supondrían un revulsivo para la mejora de las condiciones económicas y del nivel de vida de los españoles, como en aquella ocasión.
Sánchez tiene prácticamente el acuerdo hecho. Los contactos de los socialistas con el entorno de Puigdemont se suceden desde el mismo día de los comicios generales. Los independentistas no quieren repetir elecciones y están obligados a apoyar al PSOE. Lo único que queda por negociar son los detalles del coste del pacto. Puigdemont puso desde el primer momento como condición indispensable la amnistía.
Junts pone tres condiciones (deuda, amnistía y consulta) que Sánchez ya dio el visto bueno
La intención es presentarlo como un acuerdo de entendimiento entre el Estado y Cataluña, al estilo de los concordatos entre el Papa con los estados soberanos en la Edad Media. Puigdemont quedará excluido, al igual que altos cargos de Junts como la expresidenta del Parlamento catalán, Laura Borrás, para que no pueda ser acusado de actuar en interés propio o del partido. Se pretende así marcar distancias con Oriol Junqueras, excarcelado gracias al indulto pactado con los socialistas, lo que ha propiciado un castigo de sus electores en los comicios municipales y luego generales. La amnistía se extenderá a todos los encausados por el 1-0, incluidos los policías nacionales y autonómicos, para ofrecer una sensación de imparcialidad, según fuentes internas.
El problema del encaje constitucional es delicado, pero no preocupa tanto porque el desenlace se conocerá a largo plazo y, en última instancia, el resultado será controlado gracias al reciente nombramiento al frente del Constitucional de Cándido Conde-Pumpido, un magistrado afín a los socialistas.
Junts pide dos compromisos más, que no requieren de una ejecución inmediata, lo que facilitará su adopción: una consulta sobre la independencia y el perdón de la deuda autonómica. La celebración de la consulta se contempla a medio o largo plazo, porque implicará la redacción de un nuevo Estatuto de autonomía. De esta manera, los catalanes darían de forma indirecta su visto bueno a un referéndum sin condiciones pactadas de antemano, a la par que se evita el pronunciamiento de todos los españoles, como debería ser.
La condonación de la deuda era un asunto que ya planteó en su día el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para todas las autonomías. La patata caliente no está tanto en su perdón, sino en que conllevará una acuerdo de financiación autonómica para acabar con "el España nos roba", que se presenta controvertido. Las autonomías peor financiadas son Andalucía, la Comunidad Valenciana y Murcia y no Cataluña.
No todas estas condiciones se harán públicas cuando Junts las anuncie esta semana, ya ocurrió con el Pacto del Majestic entre Aznar y Pujol, contenía un acuerdo de financiación secreto.
La refinanciación abrirá la caja de Pandora autonómica en un momento en que no sólo se requiere un incremento considerable del Presupuesto para financiar las pensiones, cuyo coste crece el diez por ciento anual, sino que, además, habrá que realizar una contención del gasto de en torno a 20.000 millones anuales para alcanzar los objetivos de déficit, que quedarán restablecidos a partir del próximo año.
Todo esto sin Presupuesto en lo que queda de año y, probablemente, durante un largo periodo adicional. Fue precisamente Montoro quien introdujo en la Ley de Estabilidad Presupuestaria poderes para que el Senado pudiera bloquear el techo de gasto, que en esta ocasión quedaría limitado a los 128.000 millones acordados para 2020, unos 70.000 millones por debajo del tope actual. La potestad de la Cámara Baja, ahora con mayoría absoluta del PP, augura la primera batalla campal del futuro Gobierno y la oposición.
En estas circunstancias, muchos prevén una legislatura corta, aunque ya se dijo lo mismo del último Gobierno de Sánchez con Pablo Iglesias, que prácticamente agotó el mandato. El presidente está acostumbrado a tapar la boca de sus socios con dinero. El reparto de los fondos Next Generation se prolongará como mínimo durante dos años y pico más y contribuirá a mantener la inercia de crecimiento, que está a la cabeza de Europa en el último año.
Otro elemento añadido de incertidumbre es la posible sustitución de Calviño, si finalmente resulta elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). La vicepresidenta primera ha logrado imponer una política ortodoxa dentro de la caótica coalición de Gobierno, pese a las presiones sufridas desde Podemos en asuntos como el alza de impuestos a los ricos o a las empresas de distribución.
Su reemplazo resulta complicado por su crédito internacional en Europa. La sustituta más probable sería la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o el de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Aunque este último tiene un mayor prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras, el sesgo político de sus decisiones sería más marcado en ambos casos y más en un Gobierno superfrankenstein tan complejo de gestionar.
Con la falta de reformas y el gasto disparado, la decadencia será inevitable. La cuestión es cuánto se aguantará, porque el empleo está mostrando una resistencia sorprendente en todo el mundo ante la falta de mano de obra cualificada y la necesidades que ocasionará la jubilación del baby boom.