
En mayo Pedro Sánchez anunció la construcción de 183.000 viviendas públicas y de alquiler limitado. Con ese objetivo, el Gobierno ha puesto a disposición de las administraciones públicas 21.000 viviendas terminadas de Sareb y otras 12.000 que necesitarán algún tipo de reforma.
Pese a ello, las comunidades autónomas y ayuntamientos solo han preguntado por el 5% de estos pisos sociales. Este escaso interés evidencia que las promesas del presidente en vivienda social son incumplibles y que con su formación solo buscaba rédito electoral de cara a las autonómicas y municipales del 28-M.
El problema de la falta de vivienda asequible en España requiere de compromiso y de medidas serias y no de propaganda que está condenada al fracaso.