Políticas erróneas sobre el despido

La pasada legislatura se cerró con un balance sorprendentemente alto de despidos en el mercado laboral. Los ceses de trabajadores sumaron casi 500.000 en el primer semestre, lo que supone un alza de casi el 40% con respecto al mismo periodo de 2022. Es más, hubo meses muy anómalos, como junio, en el que los más de 127.000 despidos superan las cotas de un periodo tan excepcional como el que marcó marzo de 2020, cuando comenzó el Gran Confinamiento forzado por la pandemia. Sorprenden aún más estos datos considerando que son simultáneos con un periodo de crecimiento del PIB y con el pleno despliegue de una reforma laboral que, según sus responsables, tenía como prioridad fomentar la estabilidad en el empleo. La realidad de los últimos cuatro años ha sido, por el contrario, que el Ejecutivo ha fomentado una gran incertidumbre jurídica en torno a los ajustes de plantilla. Nunca hubo una prohibición del despido (lo que atentaría contra la libertad de empresa) pero sí se le sometió a unas límites excesivos, durante la pandemia, e incluso en los años inmediatamente posteriores, que obligaron a los jueces a intervenir. Tampoco se materializó el regreso a la indemnización de 45 días por año trabajado que rebajó la reforma de 2012 (Bruselas no lo habría permitido), pero la vicepresidenta Díaz sí que abogó abiertamente por un modelo de compensaciones a la carta, según las características de los afectados como la edad y sus expectativas de inserción en el mercado de trabajo. La política laboral en su conjunto del Gobierno de coalición tendió a combinar medidas intervencionistas con iniciativas que encarecen la creación de puestos de trabajo, una combinación errónea que solo conduce a más despidos.

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