Un año y medio después de la entrada en vigor de la reforma laboral, las bajas de afiliación a la Seguridad Social por despido siguen marcando récords. Superan las 385.000 acumuladas hasta mayo, un 43% más que en el inicio de 2022 y la mayor cifra de la serie histórica, que se remonta a 2012. De hecho, está incluso por encima de la propia del arranque de 2020, marcado por la llegada de la pandemia.
Este dato se explica por el auge de los ceses de trabajadores con empleos indefinidos, pese a que España tiene el coste del despido más elevado para los trabajadores de mayor antigüedad.
Un dato que cuestiona la eficacia tanto de la propia norma aprobada a finales de 2021 como de otras medidas que la han acompañado a lo largo de la Legislatura con la declarada intención de 'prohibir el despido'. Pero también de muchas propuestas de máximos que plantean que la única solución para la dualidad de nuestro mercado de trabajo es reducir el coste del despido improcedente (obviando que es el mismo para temporales e indefinidos). Esta receta ya se puso a prueba en 2012 y los resultados fueron contraproducentes ante la falta de otras medidas de calado para impulsar la creación de empleo de calidad.
La nueva reforma laboral ha conseguido reducir la temporalidad, aunque sigue siendo la segunda más elevada de la Unión Europea y parece que su capacidad de mejora se ha agotado. Pero la evolución del resto de indicadores, empezando por los despidos, es aún más decepcionante. Conformarse con ella cuando la tasa de paro es además la más alta de los Veintisiete, sería irresponsable. Es hora de pedir más ambición en las políticas de empleo, con el foco puesto en crearlo y no en su destruirlo.
