
Más del 80% de la actividad turística se realiza en seis comunidades autónomas. Una de ellas, Cataluña nunca ha tenido un Gobierno del PP; otra, Madrid, lo ha tenido desde hace casi 30 años; Andalucía fue gobernada por el PSOE ininterrumpidamente hasta 2018 cuyos resultados condujeron a un Gobierno de coalición del PP con Ciudadanos, que se ocupó de la consejería del ramo que, después de las elecciones del 2022, pasó a manos del PP.
En las otras tres comunidades, Canarias, Baleares y Valencia, han alternado los dos partidos principales, pero las tres estaban últimamente gobernadas, en coalición, por los socialistas, que han perdido esos Gobiernos. El PP gobernará con Vox en Valencia y con su apoyo en Baleares. En Canarias CC y PP lo harán conjuntamente. En las tres comunidades la Consejería de Turismo corresponde al PP.
La consecuencia es que, por primera vez, recibiremos mensajes más o menos claros que nos iluminen en el caso de que el PP gane las elecciones generales necesite o no a Vox.
Recordemos que el turismo es competencia exclusiva de cada autonomía y que la administración central solo ejerce funciones porque todas las partes tienen interés en que así sea. Tampoco hay que olvidar que el carácter transversal de la actividad turística, y la influencia que en ella tienen políticas de otras áreas, tiene como consecuencia que, por encima de la Consejería de Turismo, lo importante es la dirección política general, no solo de cada Gobierno regional y de los ayuntamientos, sino también del Gobierno nacional del que dependen los ferrocarriles, el transporte aéreo, la mayor parte de las costas, el orden público, las telecomunicaciones y la gestión de fondos UE. Los Gobiernos regionales y en su caso los ayuntamientos, regulan la actividad directa como la hotelera, la de los alojamientos turísticos y la de hostelería, la inspección, las políticas medioambientales, la sanidad, la promoción y la de todos los servicios auxiliares.
Para un correcto funcionamiento del sistema, y hasta ahora ha sido más que correcto, es conveniente un entendimiento entre las administraciones que puede ser más difícil ahora.
PSOE y PP tienen posiciones diferentes en lo relativo a tasas turísticas, control del crecimiento turístico, regulación medioambiental y otras. Hasta ahora las transiciones se han hecho sin excesivo conflicto, pero parece que esta vez los nuevos gobiernos quieren un cambio más profundo.
En Baleares entre las 110 medidas acordadas figura la "apuesta por el sector turístico y la lucha contra la turismofobia, la derogación de las moratorias y otros apartados lesivos de la Ley de 2022", así como una defensa de los cruceros, una ley balear de costas, en proceso de transferencia, para proteger las actividades como restaurantes y chiringuitos existentes y aumento de la oferta de viviendas. Apuesta total por el crecimiento que inevitablemente provocará un aumento de la turismofobia. El conflicto está servido. También es interesante la creación de un fondo para la renovación de destinos turísticos maduros que se financiará con cargo al impuesto sobre estancias turísticas -la mal llamada ecotasa- que no se deroga, los fondos NextGen y los procedentes del régimen especial. Moraleja: si un Gobierno consigue aplicar varios años ese impuesto el siguiente no quiere renunciar a los ingresos del mismo. También apuestan en Canarias por el crecimiento "e impulsar el turismo como motor de la economía". El PP canario, al igual que la patronal hotelera es contrario a un impuesto sobre estancias turísticas. La tasa valenciana -municipal y voluntaria- sí será derogada. El otro gran asunto es el del alquiler vacacional en todas sus variantes, que en los últimos años ha puesto en el mercado muchas más plazas que el sector alojativo tradicional. Los hoteleros exigen un mayor control. En ninguno de los acuerdos figura una mayor regulación de las "viviendas de uso turístico" que pidió el candidato de Vox en la Comunidad Valenciana. Veremos cómo se plasman estos deseos en normas que se publiquen en los boletines de cada comunidad. Las líneas generales ya están diseñadas: prioridad al desarrollo sobre la conservación del entorno.