El Gobierno se esforzó en que la actualización de su Plan de Energía sea un órdago en pro de las renovables. Lo evidencian propósitos tan ambiciosos como que la inversión duplique el objetivo inicial, hasta 400.000 millones, de modo que la energía verde cubra el 81% del consumo en 2030. Pese al auge que las renovables experimentan, siete años se antoja un plazo muy breve para movilizar un volumen tan grande de inversión. Es también cuestionable que la adaptación de las infraestructuras que deberá acometerse, por ejemplo en el ámbito de las redes de distribución, esté lista en ese horizonte temporal. Por último, resulta más dudoso aún que pueda asumirse el impacto en las tarifas que tendrá esta transición a marchas forzadas, y que el Gobierno aún no cuantifica.
