El Gobierno vuelve a buscar atajos en el procedimiento legal para impulsar medidas antes de que termine su mandato. Tras el penúltimo Consejo de Ministros antes del 23-J, el Ejecutivo vuelve a recurrir a la siempre cuestionable fórmula del decreto-ley (de la que abusa desde 2018), y lo hace en su modalidad más polémica: el decreto ómnibus en el que legisla sobre materias sin relación alguna entre sí.
En concreto, el texto dado a conocer ayer mezcla en sus más de 300 páginas la prevista prórroga de las medidas antiinflación derivadas de la guerra de Ucrania (por valor de 9.000 millones de euros) con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento, pasando por las deducciones fiscales para comprar coches eléctricos. Se trata de una forma de legislar expresamente condenada por el Constitucional, el Tribunal que ya advirtió al Gobierno que los decretos ómnibus solo se justifican cuando se limitan a abordar situaciones de emergencia económica en varios frentes.
No es ése el caso de los tres nuevos permisos por cuidados de familiares o allegados que Moncloa inserta en el decreto. Su inclusión por la puerta de atrás se debe al afán del Gobierno de asegurar la aprobación exprés de una medida de claro alcance ante los comicios del mes próximo, ahora que ya no da tiempo a tramitar en el Parlamento la Ley de Familias. Igualmente irregular es el modo en el que la Ley de Fusiones Empresariales, derivada de una directiva europea cuya transposición debería estar ya hecha, saldrá adelante sin ningún tipo de debate parlamentario. El Gobierno cierra así la legislatura con un decreto escoba que no solamente es precipitado a las puertas de una inminente llamada a las urnas, sino también legalmente irregular y electoralista.