La fiscalidad de las empresas, en su diseño actual, ataca a su capacidad misma para llevar a cabo inversiones.
La legislatura que está a punto de terminar será recordada como una de las más agresivas que se recuerdan en cuanto a la presión fiscal ejercida sobre las empresas. Lo demuestran los cambios impulsados en impuestos ya existentes, como Sociedades, que incurren en una flagrante doble imposición en el caso de la tributación de los dividendos generados en el exterior.
Pero también se ha producido la creación de nuevos gravámenes que, en el caso de la llamada tasa a las energéticas, es incapaz de hacer la más elemental discriminación entre ingresos y beneficios a la hora de definir su base imponible.
Estas iniciativas solo han contribuido a empeorar una fiscalidad ya asfixiante desde hace años para las empresas españolas, como delatan las comparativas de la OCDE. En concreto nuestro país se encuentra entre los diez miembros del club de las economías desarrolladas que más penalizan los costes de capital empresariales. El Fisco español ofrece una deducción máxima del 63,6% en este capítulo, frente al 71,8% promedio de la OCDE o los porcentajes cercanos al 90% de Reino Unido o Italia.
Los costes de capital están directamente relacionados con la actividad de las compañías y, si el margen de las deducciones fiscales en esta rúbrica es estrecho, también lo será la capacidad misma de las empresas para elevar su músculo inversor o para mantener el que presentan actualmente. Es más, los analistas alertan de que también se ve afectada la productividad de las plantillas e incluso su capacidad de mantenerlas. Puede así vaticinarse que, si esta situación tributaria no se corrige, no solo sufrirá el tejido empresarial español, sino también sus posibilidades de contribuir al crecimiento y al empleo.
