El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital acaba de sacar a audiencia pública el Real Decreto de desarrollo de la factura electrónica para las operaciones comerciales entre empresas y profesionales. Este proyecto se incluye en la Ley Crea y Crece que persigue el objetivo de impulsar la creación y crecimiento de empresas, reduciendo los obstáculos regulatorios, así como, la morosidad de los pagos.
El reciente anuncio implica que la entrada en vigor de esta ley está cada vez más cerca y esto, sin duda, está generando numerosas dudas e inquietudes por parte de las empresas y autónomos, que van a tener que implementar obligatoriamente la factura electrónica en su negocio. Dudas e inquietudes que se han visto acrecentadas por el reciente adelanto de electoral que implica desconocer la fecha exacta en la que este reglamento se va a aprobar.
En esta línea, la obligatoriedad del uso de esta herramienta persigue el propósito de hacer más eficiente los procesos, impulsar la digitalización y reducir el fraude fiscal (España dejó de ingresar 5.840 millones de euros en 2019 en concepto de IVA, según la Comisión Europea). Además, también es necesario reducir la tasa de morosidad empresarial, que en nuestro país se incrementó 5,4 puntos porcentuales, según CEPYME, a principios de 2022 y donde el porcentaje de facturas con retraso de pago fue del 73,3 %. Así pues, teniendo en cuenta estos datos, se hace imprescindible contar con herramientas que reduzcan lo más posible estas trabas a la economía.
Las ventajas de la facturación electrónica son múltiples, es el equivalente funcional de la factura en papel que cumple con todos los requisitos legales, pero transmitida por medios electrónicos y telemáticos. En concreto, su uso aumenta la competitividad de las empresas, ya que automatiza el proceso administrativo de las transacciones de compraventa y prestación de servicios.
No obstante, no podemos negar que a corto plazo pueda suponer un coste, sobre todo para autónomos y microempresas que quieran implementar un software de facturación electrónica asociado a sus procesos, lo que implica, indudablemente un desafío. Por eso el Gobierno ha previsto, dentro de las ayudas a la digitalización de los Fondos Next Generation, una categoría específica para la factura electrónica.
Además de cumplir con todos los requisitos establecidos por el reglamento técnico, es importante que el proveedor seleccionado ofrezca seguridad y confidencialidad, ya que los datos de facturación son sensibles para cualquier empresa. Asimismo, es necesario que cumpla con los requisitos mínimos de interconexión establecidos en el reglamento técnico.
Aunque existen plazos legales específicos para la implantación de la facturación electrónica, un año para empresas que facturen más de 8 millones y dos años para las que facturen menos, es recomendable que el proceso de implementación comience lo antes posible, ya que puede requerir cambios culturales y rutinas dentro de la empresa.
La experiencia de las últimas crisis empresariales ha dejado claro que es crucial seguir promoviendo la transformación digital en las organizaciones. Una pieza fundamental para avanzar hacia la digitalización en el ámbito empresarial es la adopción de la factura electrónica, que sigue siendo la gran desconocida para la mayoría de las empresas españolas. Desde su implementación, esta herramienta ha demostrado su capacidad para mejorar los plazos de pago a proveedores y abordar la morosidad, uno de los principales obstáculos al que se enfrentan las compañías.
La digitalización basada en la factura electrónica representa una oportunidad para que las empresas avancen hacia una mayor sostenibilidad, ahorro económico gracias al aumento de la productividad y eficiencia, dejando atrás antiguos problemas como la morosidad comercial asociada a procesos de facturación más antiguos. Los próximos años serán fundamentales para consolidar el reconocimiento de la factura electrónica en el mercado empresarial.
