La industria de la automoción española se encuentra inmersa en una de las transformaciones más integrales de su historia. Esta transformación persigue dar una respuesta transversal a los desafíos y tendencias globales, así como a los cambios en los hábitos de los consumidores. Uno de los mayores desafíos del sector es la transición hacia la movilidad sostenible. La llegada de los vehículos eléctricos fuerza a la industria a reconvertirse de manera integral, modificando sus cadenas de suministro y montaje, hasta ahora focalizadas en la producción de vehículos con motores de combustión.
Actualmente, solo un 9% de los vehículos que se venden en España son electrificados, por el 25% de media de la Unión Europea o el 24% de China. Pese a ello, un estudio reciente confirma que el 65% de los consumidores españoles optaría por un modelo electrificado a la hora de adquirir un nuevo vehículo. Las proyecciones muestran que en 2035 el 25-30% de las ventas continuarán siendo de vehículos de combustión tradicional. Esta velocidad de adopción se antoja insuficiente si finalmente la UE ratifica su intención de prohibir la venta de vehículos de combustión a partir del 2035.
Sin embargo, la industria automotriz española afronta esta transformación desde una posición de liderazgo. Con 11 fábricas repartidas por toda la geografía nacional, nuestro país es el segundo fabricante de automóviles a nivel europeo y cuenta con una potente industria auxiliar formada por más de 700 compañías del sector de componentes de automoción. No obstante, no podemos olvidar que España no cuenta con ningún grupo de matriz nacional y tiene una de las menores tasas de inversión en I+D+i, con una industria claramente posicionada hacia la fabricación del vehículo de motor de combustión.
En este contexto, está en juego la viabilidad futura de nuestra industria automotriz, que se sustenta sobre dos elementos clave: acelerar la transición hacia el vehículo eléctrico y mantener la competitividad de la industria a lo largo de esta transición y a futuro. Para garantizar esto, las líneas de actuación deben darse tanto desde la perspectiva del consumidor como desde el plano industrial, sin olvidarnos del soporte de las administraciones públicas y asociaciones.
Desde la perspectiva del consumidor, es necesario potenciar programas públicos de ayudas a la compra que velen por la renovación del parque automovilístico, el segundo más envejecido de Europa con más de 13 años de media, así como por su progresiva electrificación. También es preciso fortalecer la infraestructura de recarga eléctrica, alcanzando los 350.000 puntos de recarga para 2035, lo que implicaría multiplicar por más de 20 los 16.000 puntos instalados actualmente a nivel nacional.
Por otro lado, desde la perspectiva industrial es fundamental acometer la reconversión del tejido componentista, el cual debe migrar de la fabricación de componentes destinados a la combustión hacia una nueva industria auxiliar con una vertiente mucho más tecnológica y digitalizadora.
Para llevar a cabo toda esta transformación y velar por la viabilidad futura y la competitividad de la industria de la automoción en España, se hace necesaria una inversión de más de 150.000 millones de euros hasta 2035 para garantizar la transformación de la industria en base a la electrificación y renovación del parque automovilístico, las infraestructuras de recarga, el talento, la inversión en I+D+i o la producción de baterías; entre otros aspectos. En esta transición hacia la electrificación de la industria española, es relevante la necesidad de atraer la inversión necesaria para no quedarnos atrás en la construcción de gigafactorias.
Mención especial merecen las materias primas imprescindibles para la fabricación de baterías, como el cobalto, el litio o las tierras raras. La Unión Europea solo produce el 1% de dichos materiales, por lo que la dependencia de otros mercados, principalmente el asiático, es total. Se hacen necesarias, por tanto, medidas como la creación de una red de Agencias Europeas que mitigue riesgos, interrupciones de suministro o subidas de precio; además de apostar por políticas de fortalecimiento industrial que garanticen la competitividad del sector o identificar y hacer seguimiento de las materias primas críticas para la industria.
Acelerar la transición hacia el vehículo eléctrico y mantener la competitividad de nuestra industria automotriz, que representa el 10% del PIB nacional, requerirá de una colaboración público-privada sólida y comprometida. Solo así podremos acometer tan enorme reto y garantizar el mantenimiento de los más de dos millones de empleos que el sector emplea en nuestro país.
