Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo han sido concluyentes desde el punto de vista político. El Partido Popular ha ganado las elecciones municipales por más de 750.000 votos y gobernará en 30 de las 52 capitales de provincia. En el plano autonómico, de las 12 comunidades en las que se celebraban elecciones, el PSOE sólo podrá formar gobierno en Castilla La Mancha, Asturias, a expensas del escrutinio del voto CERA en el momento de escribir estas líneas, y Navarra. El Partido Popular en el resto.
Pero estas elecciones también pueden considerarse la derrota del relato económico que el gobierno trata de imponer, pero que a la vista de los resultados, no ha engañado a la mayoría. El eje principal sobre el que gira este discurso fabula sobre la diferencia que existe entre dos maneras de salir de una crisis.
Por un lado la que llaman neoliberal utilizada por el Partido Popular, que se mueve bajo el principio del "austericidio" e implicaría recortes en los servicios públicos que sufrirían los más vulnerables, como ocurrió a partir de 2012. Por otro, la del gobierno de Sánchez para superar la recesión provocada por el COVID o la de la subida de precios que, según sostienen los portavoces del gobierno, construye un escudo social para proteger a los más desfavorecidos.
Este relato, tan populista como falso, esconde que lo que se llamó crisis financiera era, en realidad, un crac de deuda que había que financiar en el mercado a tipos cada vez más altos y con la estricta exigencia de la Unión Europea de cumplir con los límites acordados de déficit y deuda.
Esta necesidad de controlar el gasto fue tan rigurosa, que en mayo de 2010 un gobierno socialista congeló las pensiones a más de seis millones de beneficiarios y bajó el sueldo a los empleados públicos, además de otras medidas que eliminaron varias partidas de gasto social. Pero incluso con aquellas decisiones, que el gobierno actual llamaría "austericidas y propias de un neoliberal" si no las hubiese adoptado Rodríguez Zapatero, el déficit superó el 9% del PIB el año 2010 y el 11% el 2011.
Un gobierno socialista congeló las pensiones a más de seis millones de beneficiarios
Este rigor de las autoridades económicas europeas para hacer frente a la crisis de deuda, contrasta con la política laxa que han seguido desde 2020, que suspendió las exigencias para la apertura de un procedimiento por déficit excesivo, decidió que el BCE comprase la deuda emitida por los países miembros y puso en marcha desde el Consejo Europeo un instrumento excepcional de recuperación, conocido como Next Generation, por un importe de 750.000 millones de euros.
En este contexto, es obvio que el margen de maniobra que tuvo el gobierno del Presidente Rajoy para afrontar la crisis y el que ha tenido Sánchez es muy distinto, pero esto resulta indiferente a los voceros del gobierno, a los que solo les interesa construir un relato que demonice a los adversarios y entronice a quiénes se deben.
Con todo ello, el discurso económico global ha sido censurado en estas elecciones, porque ni siquiera el ingente incremento de la deuda pública y del gasto puede modificar la realidad a la que se enfrentan a diario las familias españolas, que ven, cada vez que se acercan al supermercado, cómo su capacidad de compra ha disminuido y si la comparan con la que tenían hace unos años resulta escandalosamente menor; sin olvidar, además, la presión fiscal al alza y que la pérdida de poder adquisitivo explica el crecimiento de las llamadas colas del hambre y la pobreza energética, que acreditan crudamente la falacia de la plática gubernamental.
Las familias españolas han visto como su capacidad de compra ha disminuido
El relato estructural del discurso se acompañan con algunos más que enarbolan distintos miembros del Consejo de Ministros y que los votantes también han descontado. Así, la Vicepresidenta Primera suele hablar de la recuperación económica de nuestro país y de su "crecimiento robusto", ocultando que si avanzamos más que otros países de la Unión es porque fuimos los que más caímos en 2020, pero ni siquiera así se prevé llegar al nivel de PIB previo a la pandemia hasta el próximo trimestre.
Por su lado, la responsable del Ministerio de Trabajo, la ministra mejor valorada del gobierno, tampoco ha conseguido manipular a los votantes respecto a la reducción de la temporalidad en el mercado laboral. Más bien, los ciudadanos han entendido, porque lo viven diariamente, que un trabajador fijo discontinuo sin actividad es un parado, que la reforma laboral del gobierno ha hecho cambios nominales, pero que los contratos se trocean y la estabilidad en su empleo no mejora. Por otra parte, el número de horas trabajadas continúa siendo inferior a la pandemia y la productividad cae peligrosamente.
Tampoco ha merecido crédito el pretendido rigor del Ministro Escrivá, cada día más cerca de inventar la rueda, aunque como en tantas otras ocasiones le salga cuadrada, cuando anuncia una reforma del sistema de pensiones que no es tal, sino una simple patada hacia adelante de un problema que es incapaz de resolver.
Un discurso económico no es serio en un régimen de libre mercado si en lugar de sostenerlo para generar confianza entre los inversores, amenaza con regulaciones para alterar sus condiciones fiscales o de mercado. Los responsables económicos del cuarto país del euro no pueden enarbolar un discurso populista al que solo le importa qué decir para aglutinar a los suyos y no qué hacer para mejorar la vida de los ciudadanos independientemente de a quién voten.
En otras palabras, los electores han proclamado el hartazgo de que también hablando de economía se busque la polarización de la sociedad, se practique la crispación y las campañas de odio, al considerar enemigos a los empresarios señalándolos con nombres y apellidos, aunque mantengan miles de puestos de trabajo.