La deuda pública española pulverizó un nuevo récord al alcanzar 1,535 billones. Un incremento en el que los números rojos de la Seguridad Social han tenido un gran protagonismo. No en vano, esta administración ha duplicado su pasivo desde 2019, pasando de poco más de 55.000 millones a cerrar el primer trimestre de 2023 con unas pérdidas de 106.172 millones.
Una cifra que supone un repunte anual del 7%. El dato evidencia hasta qué punto la reforma de pensiones es absolutamente insuficiente para revertir los desequilibrios del sistema. Muy al contrario, todo apunta a que el pasivo irá a más en los próximos años. A ello contribuirá el envejecimiento demográfico y la jubilación de la generación del baby boom.
Pero también, una normativa que incluye iniciativas muy costosas como el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas por la revalorización con el IPC medio y la supresión del Factor de Sostenibilidad. Ante ello, las subidas de cotizaciones a los asalariados y autónomos se muestran insuficientes. Lo mismo ocurre con los préstamos del Estado que, además de ser la principal razón que eleva el endeudamiento de la Seguridad Social según el Banco de España, solo constituyen un parche que, además, exige pagar el precio de elevar todavía más el pasivo del sector público. Ante ese escenario, la reforma del ministro Escrivá debería haber incluido un plan para racionalizar el gasto en pensiones que soporta el sistema para hacerlo sostenible.
Por desgracia no ha sido así. La normativa solo se ha centrado en elevar los ingresos gravando más a trabajadores (especialmente los sueldos altos) y empresas, lo que además supone un castigo inútil e insuficiente para revertir los desequilibrios de las pensiones.
