La sede madrileña del PP vive un ajetreo incesante de asesores, empresarios y lobistas de todo tipo que entran y salen a exponer sus problemas e intentar vislumbrar el futuro. La noche electoral del 28-M fue un huracán que lo cambió todo. Alberto Núñez Feijóo pasó de candidato de la oposición al presidente in péctore. Hasta en la Administración, los altos cargos socialistas están en retirada para dar paso a los nuevos favoritos.
El viento que llevó a Juanma Moreno a la presidencia de la Junta de Andalucía y arrasó el mapa municipal y autonómico, ahora amenaza las estructuras del Estado.
En Génova se cree que no hay tiempo ya para revertir las tendencias de voto. Sánchez se equivocó adelantando los comicios para evitar las críticas internas . "Manejamos encuestas con mayoría absoluta", aseguran las más ufanos. "No sabemos si gobernaremos en solitario, pero que ganamos es seguro", replican los más prudentes.
El adelanto fue demoledor para Yolanda Díaz. La salida de Sánchez ahora es aglutinar a toda la izquierda bajo la enseña del puño y la rosa. Pero necesita el voto de centro ó moderado para ganar. Ahí es donde entra en juego la economía. Sacará pecho de los datos de crecimiento y, sobre todo, de empleo, aunque sean un mero efecto estadístico porque la situación económica de la gente empeora por culpa de la inflación.
La OCDE ratificó esta semana que España se colocará a la cabeza del crecimiento de las grandes economías del euro, mientras que el número de cotizantes a la Seguridad Social alcanzó la cota histórica de 20,8 millones en el primer trimestre. Claro que habría que descontar los fijos discontinuos, con contrato pero sin trabajo en ese periodo.
Calviño se presta a ofrecer su último servicio a la patria antes de optar a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI). La orden es poner en marcha todas las reformas antes de las elecciones. Desaparecido Ciudadanos y con Podemos moribundo, la izquierda tendrá que votar a Sánchez si quiere impedir que llegue la derecha. La elección es entre él ó Feijóo.
El último Consejo de Ministros aprobó la adenda a los fondos Next Generation para recibir alrededor de 90.000 millones en préstamos de Europa, a la par que se acelera la asignación y el desembolso del resto. Escrivá anunció también que antes de marcharse pondrá en marcha los planes de empleo, para universalizar los fondos de pensiones de empresa entre la población.
De los Next Generation queda por solicitar un último tramo de 10.000 millones y otros 7.000 millones extra dados a España por su caída del PIB. Pero la gran mayoría de los Perte está sin adjudicar. A las empresas han llegado menos de 10.000 millones.
El secretario general de Industria, Paco Blanco, prometió esta semana al sector del automóvil que los concursos para las fábricas de baterías y el coche eléctrico echarán a andar en junio y julio, respectivamente, con el objetivo de cerrarlos en septiembre.
Hay Pertes como el de los chips, con 24.000 millones (12.0000 en subvencione y otros 12.000 en préstamos) que resulta imposible gastar en tan poco tiempo. Y otros como los del hidrógeno ó la rehabilitación de vivienda están aún en mantillas.
La idea del equipo económico coordinado por Juan Bravo es desatascar y remodelar por completos los Next Generation. Quieren cambiar algunas líneas de ayuda y dar una mayor participación a los gobiernos regionales para decidir en qué gastan el dinero europeo, para que no pase como con la adenda. Tendrán que renegociar y alargar los plazos de ejecución, como se ha hecho en el automóvil, y comprometerse a nuevas reformas para la recepción de los fondos para lo que tienen sólo hasta septiembre.
Next Generation, Ley de Vivienda y pensiones sufrirán cambios radicales con discreción
En vivienda, la Ley entera quedará en agua de borrajas, ya que los precios deberían guiarse a partir de 2024 por la elaboración de un índice encargado al Instituto Nacional de Estadística (INE), que con el PP es difícil que vea la luz. Asimismo, la declaración de zona tensionada quedará restringida a las dos comunidades autónomas que mantiene el PSOE.
En pensiones, los cambios serán radicales. "La financiación de las pensiones futuras no puede descansar sólo en las cotizaciones", señalan. Mantienen la revalorización del IPC para cumplir con el Pacto de Toledo, pero quieren reintroducir el concepto de sostenibilidad y recaudar ingresos con la creación de cientos de miles de empleos, no sólo con la subida de las cotizaciones. Sobre los incentivos para el ahorro, el plan es volver a las deducciones de antaño, cuya supresión ha desfondado las aportaciones anuales a pensiones y puesto en grave riesgo la viabilidad del sector.
Otro de los asuntos que quedará en el cajón es la nueva ley de la Función Pública, que es utilizada por el Gobierno para meter a sus amigos en todos los escalafones de la Administración como interinos, sin oposición pública. La contratación de personal público crece el 50 por ciento en la legislatura, gracias a esta práctica y a la política de reposición de funcionarios. Ambas pueden quedar en suspenso con Feijóo en el poder.
El líder del PP está pidiendo programas a cada uno de los responsables. En Génova se habla abiertamente de la derogación del sanchismo no sólo de las reformas económicas sino en asuntos como la Ley del Sí es sí ó el recorte del delito de secesión.
Feijóo será prudente. Dará a conocer un programa económico con las líneas generales y unos objetivos ambiciosos sobre reducción del déficit y deuda, pero sin entrar en detalles. Entre los aspectos en los que incidirá está el de los okupas, mediante una legislación específica para su desalojo esprés. Intentará evitar el cuerpo a cuerpo con Sánchez, que propone celebrar seis debates. Es es muy difícil replicar a las propuestas populistas del sanchismo. Lo suyo es el arriolismo, esperar a que el rival meta la pata, como ha hecho al adelantar los comicios.
El peor ciego, el que no quiere ver
El exvicepresidente Rodrigo Rato calienta la campaña con un libro exculpatorio de su paso por la presidencia de Bankia. El candidato a presidente del PP no deja títere con cabeza en el Gobierno de Rajoy, desde el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al ex vicepresidente Luis de Guindos, o hasta María Pico, la jefa de Prensa de Soraya Sáenz de Santamaría.
Rato fue víctima de la Gurtel. Su detención fue instrumentada por los sorayistas a la orden de Rajoy para tapar este escándalo, que acabó con su presidencia en la moción de censura de Sánchez. Así se presenta como una víctima de los cambios regulatorios provocados por De Guindos, pero no reconoce los graves errores que cometió tras acceder a la presidencia de Bankia.
No explica por qué tardó un año y tres meses en nombrar un consejero delegado y cuando lo hizo, designó a una persona casi desconocida, Francisco Verdú, al que ninguneó desde el comienzo. ¿Qué conocimientos tenía un político como él para pilotar uno de los mayores bancos del país en unas circunstancias tan difíciles?
Rato sigue sin ver sus errores en Bankia con las 'black', la cesión a Aguirre y el plantón a Fainé
Tampoco explica por qué aceptó que Esperanza Aguirre le llenara el consejo de Bankia de políticos, incluida una de sus ex secretarias, Mercedes Rojo, que llegó a declarar que no tenía ni idea de finanzas.
Culpa al ex gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez de obligarle a quedarse con Bancaja, aunque lo aceptó porque así sería inexpugnable, "demasiado grande para caer". Cuando la crisis arreció y Bankia estaba a punto de derrumbarse, su soberbia lo cegó y le impidio ceder ante las condiciones puestas por Fainé para fusionarse con La Caixa, que le hubiera salvado el culo.
En cuanto a las tarjetas black, no es cierto que estuvieran consentidas con Hacienda, como asegura. Fue advertido por otro consejero de que los gastos se cargaban a una partida de "quebrantos informáticos". Por eso hubo consejeros como Verdú que jamás las usaron. Pero él se creyó intocable.
Tampoco detalla los ingresos obtenidos por su sociedad Kradonara de Enrique Portuondo, un comisionista de publicidad a sueldo de Bankia. Y, sobre todo, porqué puso de administradora única a su secretaria, una persona sin conocimientos financieros, que aún está imputada, a la que hundió la vida.
Para sorpresas, la de Garamendi, que ahora quiere extender sine die su poder cesáreo entre los empresarios, cuando en 2013 promovió limitar los mandatos para echar a Rosell y se excusa en otras organizaciones La polémica está servida.
