El 23 de julio próximo los españoles volveremos a ir a las urnas. Es la primera fecha posible, 54 días después de la firma del decreto de disolución. Y, además, la fecha elegida es un domingo. La primera consecuencia es que cuando usted lea estas líneas, el Congreso y el Senado se habrán disuelto. Esto quiere decir que todos los proyectos legislativos en curso decaerán. A cambio, en agosto se constituirán las nuevas Cortes, y en otoño, previsiblemente, habrá nuevo gobierno.
Los análisis publicados, al menos los que he podido leer, se han centrado en si la convocatoria es una genialidad, o un suicidio… desde el punto de vista del presidente del Gobierno, y/o de su partido, el PSOE. Si usted tiene dudas, no tardará más de ocho semanas en despejarlas. Lo que ofrece más certezas es que los españoles nos hemos ahorrado lo que en baloncesto se conoce como los "minutos de la basura", es decir unos cuantos meses sin poder tomar decisiones políticas relevantes.
Cuando los partidos de una coalición de gobierno obtienen en la práctica totalidad de los territorios un resultado que ellos mismos califican como muy "malo", lo que está claro es que hay factores de ámbito nacional, aunque formalmente el electorado esté votando otra cosa. Esto supone un problema grave de legitimidad de ejercicio para el gobierno. Desde un punto de vista práctico, se puede seguir gobernando, aunque el electorado parezca que quiere un cambio de gobierno. Un ejemplo, puede ser el actual gobierno británico, que según se desprende de las elecciones parciales, y además de acuerdo con todas las encuestas, perdería las próximas elecciones por goleada. Sin embargo, para que eso sea factible, es decir, se pueda seguir gobernando, se requieren dos condiciones, en primer lugar, una mayoría suficientemente amplia, y, en segundo lugar, que quede tiempo hasta las siguientes elecciones.
En España, ahora no se dan esas circunstancias. Como muy tarde, las elecciones se debían haber celebrado en diciembre. Por otra parte, no solo el gobierno no tiene mayoría, sino que, de unos meses a esta parte, los dos grupos que lo componen ni siquiera votan siempre, en las cuestiones importantes, en el mismo sentido. Esto probablemente iba a hacer muy poco productivos los próximos meses. Por esa razón, que los españoles tengan la oportunidad de ratificar, o no, el giro político que se ha visto en las últimas elecciones municipales (y autonómicas en 12 comunidades) es una buena noticia.
La única pega que se puede poner a la convocatoria anticipada de elecciones es que no ha dado tiempo de meditar sobre el resultado de las elecciones municipales y autonómicas. Déjenme solo una simple reflexión. ¿Conocen los ciudadanos, e incluso los propios gobernantes la realidad sociológica? Lo señalo, simplemente, porque un instituto público, el Centro de Investigaciones Sociológicas, con un gasto que tampoco es irrelevante, hizo una serie de encuestas, que difundieron muchos medios de comunicación. Dejémoslo en que el resultado de las elecciones no se pareció en nada a la estimación, en prácticamente ningún sitio. Se puede criticar el despilfarro de dinero público. Y se puede recordar que no existe ningún veneno peor que creerse las propias mentiras. Pero, por encima de todo, llega un punto en que simplemente no se sabe si una afirmación del CIS, como que los españoles estarían dispuestos a pagar más impuestos para mejorar la sanidad o la educación, se corresponde con la realidad, o no. Es decir que no se sabe si el grado de precisión es similar al de las estimaciones electorales de este organismo. Y eso es un problema para formular políticas públicas.
Tanto en lo que se refiere a la economía, como en otros ámbitos institucionales, España necesita reformas. Y algunas de estas reformas exigen sacrificios. Pensemos, por ejemplo, que tenemos, como muchos países, mucha más deuda pública que antes de la Pandemia, pero, al mismo tiempo, más inflación. Esto significa que la imprescindible política antiinflacionista del Banco Central Europeo nos llevará a pagar muchos más miles de millones de euros en intereses que no se podrán gastar en otra cosa. La política fiscal para hacer frente a este reto evidente no es fácil, ni mucho menos indolora. Pero, para afrontarlo de la mejor forma posible, es necesario que los españoles puedan elegir entre las políticas posibles dando legitimidad al resultado, y a las políticas que puedas implementarse.
Además, estas opciones se deben plasmar en unas cuentas, en unos presupuestos. Otra de las ventajas de ir a las urnas en verano, pese a los inconvenientes que puede suponer, es que se podría recuperar la costumbre de tener presupuestos anuales y no continuas prórrogas y/o presupuestos para unos meses. La estabilidad es una de las reformas que necesitamos.
Las próximas elecciones deberían certificar si hay, o no, un fin de ciclo que ya han anticipado las elecciones municipales y autonómicas. Es preferible, desde casi todos los puntos de vista, saberlo en julio y no esperar a diciembre. Esa ha sido la decisión del presidente del gobierno, ahora, los españoles vuelven a tener la palabra.
