Pedro Sánchez reaccionó ayer con rapidez al desplome del PSOE en las autonómicas y municipales del domingo fijando las elecciones generales para el 23 de julio, cuando su celebración estaba prevista para diciembre. Lejos de lo que se pueda pensar, la decisión del presidente no es precipitada, ya que tiene lógica política y, sobre todo, económica. Para empezar, el adelanto reduce el desgaste de los socialistas por el pacto con Podemos.
Sánchez también evita el castigo de tener que negociar los presupuestos de 2024 con formaciones como Bildu o ERC. Además pilla al PP desprevenido sin listas en algunas provincias, sin programa a nivel nacional y sin responsables en áreas tan sensibles como la económica.
A ello hay que sumar que los resultados del domingo obligan a los populares a buscar unos pactos con Vox, que despiertan el fantasma de la ultraderecha. Y, por último, el Gobierno aprovechará el prestigio que supone la celebración de las primeras cumbres con motivo de la presidencia española de la UE y el hecho de que las generales coincidan con festivos en varias CCAA del PP. A la vista está que el adelanto le otorga beneficios políticos al Gobierno. Pero también económicos, ya que Sánchez podrá aprovechar también el impulso del PIB ante las buenas perspectivas del turismo.
Asimismo, evitará el golpe que la inflación, que puede volver a subir por la energía, y el alza de tipos, propinarán a la economía en la segunda mitad del ejercicio. Pese a todo ello, la enorme diferencia (más de 700.000 votos) del PP el domingo puede hacer inútil esta arriesgada apuesta de Sánchez al adelantar las elecciones. Pero lo que está claro es que sus opciones de éxito serían mucho menores en caso de haber mantenido las generales en diciembre.
