En la Plaza de la Lealtad, sede de la Bolsa de Madrid, se quedaron sorprendidos por la decisión de Ferrovial de trasladar su sede a Holanda para luego poder cotizar en Estados Unidos. La relación con la empresa de infraestructuras es fluida desde hace tiempo. Sus directivos suelen compartir con frecuencia mesa y mantel con ellos y jamás habían expresado la menor intención de marcharse a Holanda y menos por la dificultad de simultanear la cotización en ambos mercados. No podían explicarse qué había pasado.
Sin embargo, después de volver a hablar con la empresa llegaron a la conclusión que la decisión era firme y, probablemente, fuera irreversible. Tras emitir un comunicado muy confuso en el que se refería de soslayo a la seguridad jurídica, el portavoz de Ferrovial aclaró que el motivo principal estaba en el interés de cotizar de manera paralela en el IBEX y en Wall Street, una opción que no es posible en estos momentos desde Madrid, según reconocen los máximos responsables de la Bolsas y Mercados Españoles (BME).
Sin embargo, el consejero delegado de BME, Javier Hernani, un bilbaíno de pro con ganas de comerse el mundo, no estaba dispuesto a perder tan fácilmente esa oportunidad. Ordenó iniciar las consultas con las autoridades neoyorquinas para levantar una pasarela entre las dos plazas bursátiles, que permita a las sociedades españolas cotizar en ambos mercados.
Incluso envió una misión, según fuentes cercanas, a Nueva York para explorar sobre el terreno los pasos que es necesario dar con la esperanza remota de poder revertir la decisión de Ferrovial. Un responsable de Iberclear, la sociedad depositaria de las acciones cotizadas en Madrid, entró en contacto con su homóloga americana (DTCC) para tender puentes. Por intentarlo, que no quede.
La sorpresa fue también mayúscula en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Su presidente, Rodrigo Buenaventura, recibió una llamada de Rafael del Pino cinco minutos antes de que se anunciara públicamente, para contarle la operación. Buenaventura se limitó a darse por enterado y colgó el auricular. Tampoco nadie le había pedido que explorara la vía española. Tanto Hernani como Buenaventura están dispuestos a echar el resto para cumplir con los deseos de Ferrovial y así se lo han transmitido al Gobierno. Pero antes necesitan que haya una petición formal por parte de la constructora, cosa que jamás ocurrió.
Con estos precedentes y la Ley de Sociedades en la mano, el Gobierno se decidió a dar la última batalla para retener a la empresa. El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, envió una carta al consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, que su departamento se encargó de filtrar a los medios el lunes por la tarde. En la misiva asegura, como constataron los máximos responsables de BME y de la CNMV, que era posible la doble cotización desde España "sin obstáculos", aunque a renglón se contradice al reconocer que aún es necesario "explorar esta vía", como ya hizo BME.
García Andrés advierte que es necesario aportar datos económicos para aprobar la fusión. Y aquí entra en funcionamiento el rodillo político. Resulta chocante que en un Estado de derecho. el segundo máximo responsable del Ministerio de Economía envíe una carta al primer ejecutivo de una empresa privada con amenazas veladas y una clara intención de amedrantar e influir en la decisión de la Junta de Accionista que tuvo lugar el jueves.
Pero aún es peor prejuzgar la decisión que debe tomar Hacienda, que está obligada a regirse por parámetros objetivos. La Ley de Sociedades recoge que no se aplicará el criterio de neutralidad fiscal cuando "la operación no se efectúe por criterios económicos válidos". La injerencia política, al sugerir que la Hacienda pública se guíe por cánones políticos es más propio de repúblicas bananeras que de democracias consolidadas como la nuestra. Pero aquí ya nada extraña a nadie, teniendo en cuenta que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, comparte el cargo con la vicesecretaría general del PSOE, al más puro estilo castrista.
García Andrés pasó por alto otra circunstancia, que la apertura del expediente por parte de la Agencia Tributaria se tomará en seis o siete meses, con una nueva Administración y, por tanto, es difícil asegurar que él mismo sea secretario de Estado ó Montero ministra de Hacienda.
El consejero delegado de Ferrovial contestó de inmediato a la misiva con otra en la que señala, con razón, que "la secretaría de Estado de Economía no debería prejuzgar ni condicionar el criterio puramente técnico que corresponde aplicar a otros organismos".
La torpeza del Gobierno es infinita, porque si la Agencia Tributaria abre un acta de la fusión, sólo la existencia de esta carta podría tumbar cualquier sanción ante un tribunal internacional.
Madridejos explica, asimismo, que "la doble cotización desde Países Bajos es una alternativa expedita y bien conocida, mientras que la posibilidad de lograrla desde España carece de precedentes y se encuentra sujeta a interrogantes técnicos y operativos que, en el mejor de los casos, haría incierto el calendario de su hipotética implementación". Aquí está la primera clave para entender porqué Ferrovial ni siquiera pidió a Bolsas y Mercados que explorara esta vía.
En la decisión de Del Pino pesó mucho la influencia de los fondos de infraestructuras que están en su capital, sobre todo la de TCI, propiedad del multimillonario británico Chris Hohn, con más del 7% del capital. TCI es también el principal accionista privado de la empresa pública de aeropuertos españoles AENA y de Cellnex. Hohn hace tiempo que presionaba para lograr la doble cotización, aunque en privado el multimillonario asegura que no había hablado específicamente de la vía holandesa, ya que es posible hacerlo desde el país de origen. Más de una decena de empresas europeas están acogidas a éste régimen desde sus mercados de procedencia. ¿Por qué Ferrovial descartó esta opción desde el principio?
En medios empresariales se destaca que las empresas cotizadas en Holanda tienen una larga tradición en Estados Unidos y gozan de buen nombre entre los inversores americanos, mientras que la doble tributación en España es una circunstancia totalmente nueva. Nuestro país carece del prestigio y la confianza de Holanda.
Sánchez reaccionó de manera furibunda porque su política queda al descubierto en vísperas del semestre de la presidencia española de la UE, en el que pretendía asegurarse su futuro y presumir de la atracción de inversiones extranjeras.
El presidente de Ferrovial apeló al respeto de la soberanía de la Junta, que ratificó el jueves la marcha, y recordó que "la libertad de establecimiento de empresa está en la esencia de la UE".
El Gobierno español debería ser consciente de su desventaja y trabajar con las empresas y las instituciones y los supervisores para solventarla. Cargar contra las empresas y amenazar con la Agencia Tributaria no hará más que deteriorar esa confianza y la seguridad jurídica y dejar el camino expedito para que otras empresas sigan sus pasos. Sobre todo, después de los desprecios de varios miembros del Gobierno a grandes empresarios como Amancio Ortega ó Juan Roig. Las dificultades para cotizar en EEUU y la desconfianza son las clave para entender la decisión de Ferrovial.
PD.-El Gobierno está obsesionado con los márgenes empresariales, después de que el Banco de España apuntara en un boletín a que los resultados estaban creciendo a ritmos cercanas al 50% en las grandes empresas. El objetivo es forzar una subida de los salarios a tasas superiores al 3% y que la patronal vuelva a la mesa de negociaciones. El mismo Pedro Sánchez lo reclamó a Garamendi en un mitin reciente. ¿Será ésta una de las bazas electorales? ó ¿es la nueva versión para renovar el ataque a los empresarios? El Gobierno se equivoca porque la mejora de los beneficios está localizada en unos pocos ámbitos, como el energético, el turismo y algunas empresas de la distribución. Los sectores productivos siguen sometidos a fuertes tensiones de costes. Promover alzas salariales próximas al 5% previsto de inflación puede alimentar una espiral de precios incontrolada, además de que propinaría un golpe mortal a la productividad de la economía española, que lleva estancada durante más de una década.
