Los miles de asistentes al Mobile World Congress celebrado en Barcelona paseaban entre robots parlantes, disfrutaban con los modelos sofisticados de smartphones o se sorprendían con propuestas como la de Nokia de llevar el 5G a la luna mientras los responsables de las grandes telecos europeas se frotaban las manos. El comisario de Mercado Interior europeo, el francés Thierry Breton, había anunciado la víspera la apertura de una consulta para que los mayores generadores de tráfico paguen por el uso de las redes.
Los tres primeros espadas del sector en Europa (Timotheus Höttges, CEO de Deutsche Telecom; Chrystel Heydemann, de Orange, y José María Álvarez-Pallete, de Telefónica) se desgañitan acusando a cinco grandes multinacionales (Alphabet, Apple, Amazon, Netflix y Meta) de copar más de la mitad del tráfico que pasa por sus redes sin abonar un euro, mientras que los usuarios son cada vez más exigentes con los servicios de las telecos y quieren pagar menos.
La CEO de Orange citó un informe de PwC, que estima en 600.000 millones lo invertido en redes europeas en la última década, mientras que Höttges apuntó que solo en el último año las telecos europeas se gastaron 55.000 millones comparados con solo 1.000 millones invertidos por estas mega compañías. Pallete, como presidente de GSMA, ha pasado el último año entrevistándose con los grandes responsables de estas empresas, desde Zuckerberg (Meta) a Tim Cook (Apple) o Satya Nadella (Microsoft) para persuadirles.
La batalla está en sus albores y no será fácil conseguir un "reparto justo", dado los potentes lobbies que tienen en Bruselas, como se ha visto en materia fiscal. Después de años, la UE aún no ha alcanzado un consenso para que tributen en los territorios donde prestan sus servicios. Fue Joe Biden quien los metió en vereda con un Impuesto de Sociedades mínimo del 15%, bendecido luego en el seno de la OCDE.
Junto a este "reparto justo" entre gastos e ingresos, las telecos europeas piden que las leyes de competencia favorezcan una mayor concentración del sector para hacer frente a sus homólogas chinas o americanas. Tres grandes compañías de telecomunicaciones dominan el panorama en Estados Unidos frente a las 80 existente en Europa. "La gran fragmentación del mercado nos impedirá afrontar las enormes inversiones que debemos realizar para el desarrollo del 5G y el 6G en las condiciones de rentabilidad que nos piden nuestros accionistas", señala un directivo del sector.
El anuncio por parte de la vicepresidenta y responsable de Competencia, Margrethe Vestager, de que la Comisión Europea abrirá "una investigación en profundidad" para evaluar la fusión entre Orange y MásMóvil ha caído como un jarro de agua fría.
La Comisión señala en su comunicado que "disminuirá el número de operadores de red en España (...). Esto podría dar lugar a precios más elevados y a una menor calidad de los servicios para los clientes".
Es pronto para sacar conclusiones, pero todo apunta a que obligará a realizar cesiones de red a terceros para alumbrar un cuarto operador, que crezca a costa de los recursos de éste y se enriquezca rápidamente, como pasó con MásMóvil y antes con Jazztel, ambas engullidas por Orange.
La promoción de las inversiones de 5G por parte de las empresas europeas está entre los objetivos recogidos en el plan de autonomía estratégica, del que Pedro Sánchez quiere hacer bandera en su semestre de presidencia europea.
No es la primera vez ni será la última que la UE toma decisiones contradictorias, que ponen en tela de juicio sus principios. Hace un par de semanas el Parlamento Europeo avaló la iniciativa de acabar en 2035 con los motores térmicos o de combustión en aras a lograr los objetivos de descarbonización alcanzados en la cumbre de Clima de París.
La medida se tomó sin condicionantes y sin tener en consideración que fabricar un coche eléctrico es tan contaminante como un diésel. Lo peor es que la cadena de suministro de los vehículos eléctricos emite el 50% más de gases de efecto invernadero que la del motor de combustión. La obtención del níquel, esencial en la fabricación de los cátodos de baterías, se alimenta de momento con carbón y sus residuos se almacenan en presas, con consecuencias catastróficas cuando fallan.
Europa tiene una fuerte dependencia del exterior en el litio, el principal componente de las baterías. China atesora el 60% de la producción mundial, lo que dificultará la instalación de fábricas en el Viejo Continente.
La autonomía estratégica es un concepto nacido en la pandemia, cuando a raíz de la falta de mascarillas o de medicamentos básicos como el paracetamol, Europa se dio cuenta de que era necesario reorientar su política industrial y económica para ser menos dependiente del exterior, sobre todo de China y de Estados Unidos.
El asunto se complicó cuando Biden aprobó la Ley de Reducción de la Inflación, que con esa excusa subvenciona la compra de bienes fabricados en Estados Unidos (América First) mediante exenciones fiscales y ayudas directas a industrias claves, como las renovables. La norma, que entró en vigor en enero de este año tras el respaldo del Congreso, cuenta con un presupuesto estimado de medio billón de dólares, a los que habría que añadir la dotación de la Ley de Infraestructuras y la Chips Science Act para apoyar a estos dos sectores, lo que en total suma 2 billones de dólares.
El grupo Volkswagen paralizó recientemente la construcción de una planta de baterías en Europa del Este para llevársela a América a cambio de un generoso incentivo de 10.000 millones. Europa reaccionó de manera tardía aprobando incentivos también para este tipo de inversiones. Así nació la Ley de Industria Net-Zero, que pretende incrementar la producción de tecnologías limpias, en el marco de un ambicioso plan para que el 40% de sus necesidades se fabrique en el Viejo Continente en 2030.
El plan es una hermosa declaración de principios, que no cuenta con una dotación económica. Ya hubo otras iniciativas similares que se incumplieron. En 2010, la Comisión se propuso incrementar la inversión en I+D+i al 3% y reducir en una cuarta parte la pobreza en 2020, que se incumplió ante la falta de un proyecto específico.
Unos años después, el expresidente Jean Claude Juncker tuvo que recurrir a una fórmula ingeniosa en colaboración con el BEI y la iniciativa privada para movilizar 300.000 millones en inversiones, un método que no convenció y dejó resultados dispersos.
La Comisión se propone crear en esta ocasión una especie de fondo soberano para contrarrestar la iniciativa americana. Pero nuevamente se desconoce el montante de las ayudas y, además, su reparto de manera centralizada por parte de Bruselas, en vez de acudir a una distribución por países como los Next Generation, despierta suspicacias. Los países pequeños temen que se beneficie casi en exclusiva al poderoso eje franco-alemán y se queden sin atender sus peticiones.
Mientras unos gobiernos defienden la idea otros la critican por el riesgo de caer en el proteccionismo. Una precaución que no tuvieron Washington o Pekín, que se saltaron los tratados de libre comercio vigentes.
La entrevista de Von der Leyen y Macron con Xi Jinping está abocada al fracaso al igual que pasó con Biden, entre las tensiones de los partidarios de fortalecer la relación como Alemania y los contrarios, los nórdicos y los bálticos. Corremos el riesgo de que la autonomía estratégica se convierta en una torre de babel, aplastada por la hiperregulación y las disputas sobre libre competencia, lo que ahondará en el debilitamiento de la industria, como amenaza con ocurrir en las telecomunicaciones o el automóvil.
