Cuesta recordar en estos cuarenta y cuatro años de democracia un periodo legislativo más ambicioso que el actual en lo que respecta al desarrollo autonómico y la distribución competencial que lleva aparejada. La aprobación de más de doscientas leyes en estos cuatro años tiene como objetivo la modernización de la sociedad y la transformación de la economía bajo parámetros de sostenibilidad, de equidad, de justicia social, de inclusión y de avance ecológico y digital para sentar las bases de un modelo más eficiente y competitivo de país, que cuente con confianza, estabilidad y credibilidad dentro y fuera de nuestras fronteras. Una auténtica revolución que tiene en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia uno de sus ejes reformistas, que permite no solo realizar importantes inversiones en el tejido productivo sino también avanzar en los cambios estructurales necesarios.
Una de las reformas más ambiciosas y también uno de los compromisos clave para seguir siendo los primeros en cumplir los objetivos marcados por la Comisión Europea y desplegar el paquete de inversiones previsto por el Plan de Recuperación de 140.000 millones de euros, que es la mayor movilización de recursos públicos de la historia, es la reforma del sistema público de pensiones.
Una reforma que se sustenta en dos aspectos sustanciales, la adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación y, el otro, la adecuación de la base máxima de cotización del sistema. Dos pilares que quedan contemplados de forma rigurosa en la propuesta aprobada por el Gobierno, acordada con los agentes sociales y avalada por la Comisión Europea. Un modelo, el del dialogo social, con el que el Gobierno de Pedro Sánchez, es también un ejemplo en el seno de la Unión Europea frente a otras situaciones, como la que atraviesa Francia por esa misma reforma del sistema público de pensiones.
El objetivo de la reforma es blindar el poder adquisitivo de los pensionistas actuales y futuros, reforzando los ingresos de la Seguridad Social y garantizar la sostenibilidad del sistema. Con el sistema previsto en la reforma, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional contempla acumular al Fondo de Reserva de las pensiones un ahorro de 130.000 millones de euros hacia 2044. Solo como recordatorio, en 2011 el Fondo de Reserva llegó a acumular un ahorro de más de 68.000 millones de euros, que fue desmantelado en un 90% por el Gobierno de Rajoy, que fue también el promotor del sistema de concesión de créditos a la Seguridad Social para poder hacer frente al pago mensual de las pensiones.
Esta situación no puede volver a producirse y es por eso que esta reforma de las pensiones contempla los mecanismos para poder garantizar la sostenibilidad del sistema y también su suficiencia. Así, se propone el incremento de las bases máximas, la creación de una cuota de solidaridad para la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización, que será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045; y el fortalecimiento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que pasa del 0,6% al 1,2% en 2029, a un ritmo de una décima de subida por año.
Otra de las novedades que plantea la reforma y que tiene como objetivo garantizar mejores pensiones es el régimen dual del período de cómputo. Así se aplicará la opción más beneficiosa para los trabajadores, que podrán optar entre los 29 últimos años de carrera, descartando los 2 peores años, o el periodo de cómputo actual de 25 últimos años. A partir de 2044 ya no se podrá elegir y la pensión se calculará con 27 años efectivos de cotización, es decir, 29 años menos los dos peores. Pero, mientras existan las dos alternativas, la Seguridad Social siempre aplicará la más ventajosa para el trabajador y, por tanto, este nuevo calculo tendrá efectos positivos para las personas que han tenido una carrera laboral con altibajos.
De la misma forma, se refuerzan las medidas para reducir la brecha de género en pensiones, mejorando la cobertura de lagunas con enfoque especial para mujeres y aumentando complementos. También se incluye en el sistema de Seguridad Social a los alumnos que realicen prácticas formativas y académicas incluidas en programas de formación, que contarán como período de cotización.
Por tanto, hablamos de una reforma que da tranquilidad a los pensionistas al revalorizarse sus pensiones conforme al coste de vida real y el IPC. Y también, da confianza en el sistema público fortaleciéndolo con nuevos ingresos y asegurando su suficiencia. Con ello, lo que el Gobierno pretende es claro, modernizar y fortalecer uno de los pilares del Estado del Bienestar, que solo en 2023 supone una inversión superior a los 190 mil millones de euros recogidos en los Presupuestos Generales del Estado. Y hacerlo en sus tres ejes, suficiencia, equidad y sostenibilidad para garantizar las pensiones públicas del presente y del futuro.
