Finalmente la llamada cuota de solidaridad, que se incluye en la segunda pata de la reforma de las pensiones y que grava todo salario superior a la base máxima de cotización (54.000 euros), será progresiva. De esa forma, aquellos que perciban un sueldo hasta 60.000 euros pagarán un 5,5% hasta 2045, que pasará al 6% para el siguiente tramo, que llega a 90.000 euros. A partir de este último nivel, esos trabajadores abonarán un gravamen del 7% sin que ello sea compensado en su futura pensión. Ello convierte a esta tasa en un verdadero impuesto encubierto a los directivos, que son los que más cobran. Un castigo a las rentas más altas que reduce la competitividad de las empresas para atraer el talento de los ejecutivos al expulsar a los trabajadores más cualificados.