El pasado día 21 de febrero el Consejo de ministros aprobó el Real Decreto que regula la convocatoria de becas y ayudas al estudio para el curso 2023-2024. Acuerdo que podría pasar como uno más de los que el Gobierno toma y que quizá, digo "quizá", entre tanto ruido político ha pasado desapercibido para una gran parte de la población.
Los datos más relevantes en lo cuantitativo son muy destacables, 2.520 millones de euros para beneficiar a más de un millón de estudiantes.
Récord histórico, que supone un incremento del 18,57 % respecto al año anterior, pero lo más significativo y muestra de las prioridades del Gobierno de Pedro Sánchez es que aumentan respecto del último gobierno del Partido Popular en 1.000 millones de euros, un 66 % en 4 años.
Este notable incremento elevará la cuantía media a 1.730 euros para estudiantes no universitarios y a 3.130 euros para universitarios. Beneficiará a 125.000 estudiantes de entornos rurales, que deben desplazarse a otras localidades para poder estudiar, perceptores de becas de residencia para estudios postobligatorios que incrementarán su ayuda de 1.600 a 2.500 euros. Como novedad 214.000 estudiantes no universitarios que acrediten una discapacidad al menos de un 33%, trastorno grave de conducta, de la comunicación, el lenguaje o del espectro autista percibirán una ayuda universal de 400 euros para ayudar a sufragar los gastos adicionales que sus familias deben afrontar.
Por sí mismas, estas cifras, son toda una declaración de intenciones del Gobierno y ya lejos queda el maniqueo debate sobre la Lomloe, inicio y piedra angular del desarrollo de nuestro sistema educativo para su transformación profunda y exigente teniendo como objetivos fundamentales la equidad, la excelencia y la igualdad de oportunidades.
Y de esto se trata, de lo cualitativo, porque el objetivo de las becas es garantizar el derecho a la educación de todas las personas y como tal debe ser garantizado por los poderes públicos para su desarrollo efectivo. Derecho social subjetivo que se debe garantizar, que lamentablemente es susceptible de empeorar o mejorar en función de las acciones del gobierno de turno, y que, por justicia social, no puede someterse a un proceso o suerte de concurrencia competitiva entre aquellos que más lo necesitan ni tampoco olvidando sus efectos promotores de ascensor social.
Fruto de este convencimiento y también al observar que, en los últimos años y en gran medida agravada por la pandemia, se ha producido un aumento en la brecha entre las personas con más recursos económicos y aquellas que tienen menos. Desde el Ejecutivo se ha identificado la educación como uno de los principales instrumentos para combatir esta situación y se ha decidido incrementar el presupuesto de las becas, con el objetivo de fomentar el acceso a la educación de aquellas personas que se encuentran en una situación más precaria.
Que mejor garantía, ante este escenario inmovilista e injusto que violenta la igualdad de oportunidades, que poner los medios necesarios para que todos los estudiantes sigan su proceso formativo, sean cuales sean sus circunstancias, desde el momento de su acceso y durante toda su permanencia en el mismo como herramienta fundamental para asegurar la cohesión social y reducir la desigualdad en la sociedad.
Desigualdad que se va a reducir a través de las becas, fomentando la diversidad y la inclusión en las aulas. Diversidad e inclusión que son fundamentales para el desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria.
Más justa e igualitaria en las zonas urbanas, pero también en las zonas rurales de nuestro país. Porque en estas últimas es donde se produce una mayor brecha o inequidad de la educación.
Parece que fue ayer cuando muchos estudiantes de "pueblo" recibían como único consejo orientador, independientemente de su expediente académico, la sugerencia "como tus padres no tienen recursos tendrás que ponerte a trabajar" o "tendrás que hacer FP para empezar a trabajar cuanto antes porque tu familia no puede pagarte ir a la universidad".
Esa realidad, que hoy día aún existe, ha sido tenida en cuenta con gran sensibilidad por el Gobierno de Pedro Sánchez y como vecino de un pueblo del alto Aragón me gustaría especialmente señalar destacando dos medidas de la convocatoria:
- El incremento de la cuantía de residencia para facilitar que los estudiantes de entornos rurales puedan continuar sus estudios en una ciudad distinta de la propia.
- Destinar 200 millones para ayudas al estudio a familias por necesidades extraordinarias, cuyos hijos tienen que desplazarse para estudiar o tienen necesidades educativas específicas.
Medidas, que, sumadas a todas las que recoge la convocatoria, permitirán que miles de estudiantes puedan seguir formándose sin que sus condiciones socioeconómicas sean un obstáculo para ello, respondiendo al compromiso firme del Gobierno socialista con la dimensión social de la educación y con el impulso de una política de becas que garantice que ningún estudiante abandone sus estudios postobligatorios asegurando así la cohesión social, la equidad y la igualdad de oportunidades.
